El estado estadounidense de Carolina del Norte ha votado para anular el veto de su gobernador, Roy Cooper —del Partido Demócrata— a la ley que prohíbe el aborto a partir de la semana 12 de embarazo, ratificando así la norma, en un movimiento que ha sido criticado por la Casa Blanca.
A principios de mayo, la Cámara de Representantes del estado, de mayoría republicana, aprobó la controvertida propuesta de ley, aunque Cooper utilizó su veto como gobernador para poder evitar que entrase en vigor. Sin embargo, los republicanos tienen una supermayoría que les permite invalidar este veto, convirtiendo la propuesta en ley con efecto inmediato.
Cooper ha respondido a la decisión asegurando que «la gran mayoría de personas de Carolina del Norte no quieren a los políticos de derechas en las salas médicas con las mujeres y sus doctores», alegando además que los ciudadanos del estado «ahora entienden que los republicanos están unidos en su afán por acabar con las libertades reproductivas de las mujeres».
También la Casa Blanca ha criticado la decisión de seguir adelante con una «ley peligrosa» que no está en línea con «la mayoría de los habitantes de Carolina del Norte» y que «hará que sea aún más difícil para las mujeres acceder a los servicios de salud reproductiva que necesitan».
El presidente, Joe Biden, y la vicepresidenta, Kamala Harris, han prometido luchar contra esta y otras medidas restrictivas que los estados con mayoría republicana están estableciendo estos últimos meses, desde que la decisión que lo protegía a nivel nacional, Roe v. Wade, fuera revertida en 2022.
Carolina del Norte se había posicionado como un «estado de refugio» para las mujeres de los estados sureños del país norteamericano, ya que era una de las menos restrictivas de la zona. Sin embargo, tras el cambio de partido de una congresista —que ha pasado de demócrata a republicana en el último mes–, ahora los conservadores tienen una mayoría que les permite ignorar los vetos del gobernador.
También este martes en el estado de Montana, el gobernador Greg Gianforte, del partido republicano, ha firmado una ley restringiendo el aborto a partir de la semana 15 de embarazo. En este caso, se penalizará especialmente los abortos por dilatación y evacuación, utilizados principalmente durante el segundo trimestre del embarazo.
FUENTE: TIERRA PURA
Este miércoles el senador republicano de Estados Unidos, Marco Rubio, presentó un extenso informe de 328 páginas, acompañado de un corto documental, que explica en detalle cómo se originó el COVID-19 y revela cómo fue el accionar de las autoridades chinas ante una emergencia sanitaria que tuvo un enorme impacto mundial.
La conclusión a la que llegaron los expertos es contundente: el coronavirus se originó a raíz de un accidente ocurrido en un laboratorio estatal en Wuhan. El informe, titulado “Una situación compleja y grave”, también revela que, consciente de lo que se estaba gestando en la capital de la provincia de Hubei, el régimen de Xi Jinping decidió “ocultar la verdad”.
“Las implicaciones son imposibles de ignorar: Beijing ocultó la verdad. Este informe refuerza la necesidad de responsabilizar al Partido Comunista Chino (PCCH)”, advirtió el senador Rubio, quien al mismo tiempo destacó que “después de años de censura, hay una creciente evidencia de que algún tipo de accidente de laboratorio es responsable de la pandemia”.
El informe está basado en numerosas fuentes publicadas en inglés y chino “para examinar la postura adoptada por las autoridades de la República Popular China (RPC) en materia de bioseguridad, bioprotección y salud pública desde 2018 hasta 2021″. Es decir, también hace un seguimiento de las circunstancias previas al surgimiento del virus.
“Muchas de las cuestiones descritas ya han aparecido en otros informes, pero su importancia se vuelve a poner de manifiesto cuando se analizan cronológica y colectivamente. Es la primera vez que se recoge información considerable procedente de fuentes chinas, lo que arroja una luz muy necesaria sobre cuestiones clave y proporciona un nuevo contexto al conjunto de la información existente”, subraya el reporte.
Los autores del informe afirmaron que los esfuerzos del régimen chino por evitar que se conozca el momento exacto y la causa original del coronavirus “son los que hicieron necesaria” la elaboración de este complejo trabajo de investigación.
En ese sentido, explicaron: “Como ha demostrado su negativa a cooperar plenamente con la Organización Mundial de la Salud, los esfuerzos de Beijing por mantener estos hechos fuera del alcance del mundo no cesan. Los científicos aún no han logrado rastrear el origen porque se les ha negado el acceso a los datos que facilitarían un estudio retrospectivo de su epidemiología genómica. Los datos epidemiológicos divulgados por el Partido Comunista Chino parecen haber sido curados para crear un laberinto informativo que conduce a la perplejidad perpetua”.
El estudio identificó una gran variedad de pruebas significativas que evidencian que las autoridades chinas y las altas figuras de la comunidad científica del país tenían “cierto nivel de conocimiento” de un brote de enfermedad infecciosa “mucho antes de la primera divulgación de esta información al público el 31 de diciembre de 2019″.
Asimismo, la información recopilada por los expertos, incluida la proveniente de fuentes oficiales chinas, revela que en el Instituto de Virología de Wuhan (WIV, por sus siglas en inglés) de la Academia China de Ciencias (CAS, por sus siglas en inglés) -gestionado por el Estado-, se produjo “un grave fallo o accidente de biocontención, probablemente relacionado con un patógeno viral”. De acuerdo con lo concluido por los especialistas que participaron del informe, este accidente tuvo lugar en el segundo semestre de 2019.
“Las pruebas indirectas sugieren que los más altos dirigentes del Partido Comunista probablemente tenían al menos un conocimiento limitado de este incidente de laboratorio a más tardar a mediados de noviembre de 2019″, sostiene el reporte.
Según lo expuesto en el estudio, este hecho se produjo en medio de un clima de creciente presión política sobre la Academia China de Ciencias para poner en marcha el nuevo complejo de laboratorios BSL-4, insignia del Instituto de Virología de Wuhan, y el primero de su tipo en China. Los expertos indican que las autoridades del régimen también venían presionando a la comunidad científica “para producir avances tecnológicos en poco tiempo que liberarían al país de su llamado problema de ‘estrangulamiento’”.
Con pocas excepciones, las empresas chinas siguen dependiendo de fuentes extranjeras de tecnologías básicas. Los dirigentes del Partido Comunista se refieren a esta dependencia del exterior como el “problema del estrangulamiento”, que es un tema recurrente de preocupación en la Academia China de Ciencias, así como en otras instituciones estatales de investigación encargadas de cumplir los objetivos científicos y tecnológicos establecidos por el régimen.
Los autores destacan que la metodología de investigación de los científicos chinos refleja que comenzaron a trabajar a más tardar en noviembre de 2019, es decir casi dos meses antes de que el Gobierno chino revelara la existencia del SARS-CoV-2. Según el informe, los científicos venían estudiando los coronavirus desde 2004 y el centro de esta investigación es el WIV, donde se abrió el primer laboratorio de nivel 4 de bioseguridad de China en 2017 o principios de 2018.
Una empresa china construyó el laboratorio utilizando un diseño francés modificado y en 2018 se aprobó financiación estatal para al menos dos proyectos de investigación sobre coronavirus.
Al conocer estos primeros reportes desde Wuhan, el gobierno de Xi Jinping, en lugar de adoptar medidas para contener la propagación del incipiente virus y de impulsar una campaña de concientización e información, optó por hacer todo lo contrario. Los dirigentes del Partido Comunista respondieron con “un estricto control de la información, ofuscación, desorientación” y una cruda represión y persecución contra los denunciantes. Además, “destruyeron” pruebas clínicas clave, que hoy en día podrían ser vitales para conocer de primera manera el origen de la pandemia.
El informe divulgado por el senador Rubio sostiene que el régimen chino compartió la información a la comunidad internacional con claros retrasos. En una primera instancia reportó un brote de neumonía; luego admitió que el nuevo coronavirus era el agente causal; y por último publicó la secuencia genómica. “En los tres casos, Beijing poseyó la información relevante durante algún tiempo antes de compartirla, y sólo la reveló cuando se vio obligada a hacerlo por circunstancias ajenas a su voluntad”.
Otro hecho que llamó la atención en esos primeros meses de alerta mundial es que el régimen de China presentó una patente para una vacuna contra el covid-19 recién el 24 de febrero de 2020.
Desde el inicio de la pandemia a la fecha, la OMS estima que se registraron más de 650 millones de contagios y más de 6,6 millones de muertes fueron reportadas al organismo. No obstante, la agencia de Naciones Unidas aclara que ambas cifras son altamente superiores.
Los meses previos al primer reporte oficial
El informe también comparte en detalle cómo fueron los primeros hechos que tuvieron lugar tras el accidente en Wuhan, y que el régimen decidió esconder.
El 12 de septiembre de 2019, el Instituto de Virología cerró inesperadamente su base de datos de virus online. Una semana después, informó al aeropuerto de Wuhan sobre un presunto “simulacro” de un brote de un “nuevo coronavirus”.
El 21 de ese mes, apenas nueve días después, un residente de esa ciudad -que fue identificado como Su-, murió a causa de lo que se cree que pudo haber sido covid-19. La paciente de 61 años había sido ingresada al Hospital Provincial Rongjun de Hubei, en el distrito de Hongshan. Algunos de sus datos personales fueron revelados en ese entonces a una revista médica china. Al parecer, quien brindó la información, identificado como profesor Yu, llamó al reportero dos días después de la entrevista para retractarse de sus declaraciones. Esto fue tomado como una clara presión de las autoridades contra Yu.
En octubre, el Congreso chino, controlado por el Partido Comunista, revisó un proyecto de ley de bioseguridad en el que se califica de “sombría” la situación e identifica como una amenaza los “laboratorios que filtran agentes biológicos”.
En este contexto el régimen decidió seguir adelante con los Juegos Mundiales Militares, que se desarrollaron entre el 18 y el 27 de octubre. Para participar de esos Juegos más de 9.000 atletas internacionales en representación de más de 109 países viajaron a Wuhan. Entre ellos había atletas de Francia, Italia, Alemania, Luxemburgo y Canadá. Tras su estadía en esa ciudad china, muchos informaron que se enfermaron mientras estaban en Wuhan, con síntomas similares al del covid-19. Según los informes, de hecho, once atletas iraníes murieron. “Existe una correlación entre el número de individuos que viajaron al evento y el número de casos de COVID-19 en el país al que regresaron”, concluyó un estudio elaborado para analizar la correlación entre ese viaje y las personas que posteriormente se enfermaron.
Ya en noviembre, las autoridades comenzaron a reportar varios casos de coronavirus. Sin embargo, no los hizo públicos.
Un funcionario viajó desde Beijing hacia a Wuhan para entregar “importantes instrucciones orales y escritas” en respuesta a “la compleja y grave situación que enfrenta actualmente el trabajo de seguridad”. Se trataba de Ji Changzheng, director de la Oficina de Seguridad Tecnológica de la Oficina General de la CAS.
El 1 de enero de 2020, las autoridades del distrito de Hanjiang, en Wuhan, desalojaron a los vendedores del mercado de marisco de Huanan e informaron al público de que el funcionamiento del mercado quedaría suspendido hasta nuevo aviso. El día anterior, las autoridades habían enviado equipos sanitarios para empezar a desinfectar el lugar. La mayoría de los mercados de Wuhan reabrieron cuando se levantó el bloqueo impuesto en la ciudad el 8 de abril, no así el Mercado de Huanan. Los especialistas interpretaron el cierre y los esfuerzos de limpieza como intentos de las autoridades de destruir las pruebas de un brote zoonótico en el mercado, especialmente tras la historia del SARS-CoV-1 que se propagó a la población humana a través de la zoonosis en un mercado en el sur de China en 2003.
También a partir del 1 de enero, las autoridades locales de Wuhan y las autoridades centrales de Beijing tomaron represalias contra los médicos que denunciaban la existencia del virus. Ese día por la tarde, la Oficina Municipal de Seguridad Pública de Wuhan anunció en su cuenta oficial de la red social Weibo que “ya había investigado y tratado con arreglo a la ley a ocho propagadores de rumores”, que habían “difundido y vuelto a publicar información falsa en Internet que causó un efecto perjudicial en la sociedad”. El Diario del Pueblo, portavoz oficial del PCCh, publicó un artículo en la mañana del 2 de enero en el que destacaba la noticia de que esas personas habían sido castigadas. Más tarde, ese mismo día, la cadena estatal CCTV también emitió la noticia
Con esta información recopilada por el equipo de investigación reunido por Marco Rubio, la evidencia demuestra que el régimen chino negó desde el principio la posibilidad de que el coronavirus tuviera como origen un laboratorio de Wuhan. Pero al mismo tiempo, el Partido Comunista advertía a sus funcionarios de dichos riesgos y desplegaba nuevas medidas para prevenir accidentes de laboratorio.
El informe revela que desde diciembre de 2019 y hasta octubre de 2021, los investigadores del Instituto de Virología de Wuhan presentaron patentes para invenciones destinadas a resolver problemas con el sistema de presión de aire diferencial del laboratorio, equipo de “biocontención” y manejo de residuos. “Cualquiera de estos problemas podría haber dado lugar a que un patógeno escapara del complejo del laboratorio. Los investigadores confirmaron este punto al explicar que sus inventos estaban pensados para prevenir precisamente ese escenario”.
Problemas y preocupaciones que no se remontan únicamente al momento del accidente ocurrido en 2019. El estudio recuerda ya en 2015, algunos científicos habían puesto en duda si los beneficios potenciales que se obtendrían de la investigación impulsada por el laboratorio de Wuhan, que implicaba la manipulación artificial y la creación de coronavirus quiméricos, merecían los considerables riesgos para la salud pública. Dos años después, otros científicos expresaron su preocupación por la “fuga de patógenos”, a raíz del historial de fugas de laboratorios de China.
Los expertos recuerdan que el SARS-CoV-1 se escapó del Instituto Nacional Chino de Virología de Beijing en cuatro oportunidades durante 2004, infectando al menos a dos investigadores y causando algunos casos de propagación limitada en la comunidad que provocaron una muerte. Ese virus también infectó a investigadores de Singapur y Taiwán en 2003.
Los primeros informes en el propio WIV también revelaron posibles infracciones en las normas de seguridad de los laboratorios. En enero de 2011, una inspección de los laboratorios del Instituto de Wuhan, que trabajaban con patógenos, “descubrió que algunos grupos de investigación y departamentos de apoyo no cumplían las normas en determinadas áreas y habían ocultado peligros para la seguridad con el almacenamiento de muestras bacterianas y víricas y aspectos de sus actividades experimentales”.
A más de tres años del inicio de la pandemia, y con millones de vidas pérdidas en el camino, el saldo de la gestión del régimen chino y el Partido Comunista contra el coronavirus habla por sí solo. Por este motivo, y también por las catastróficas consecuencias que tuvo el covid-19 sobre la economía y la seguridad global, el senador Rubio y los investigadores que formaron parte del informe aseguran que el Partido Comunista “debe rendir cuentas por sus mentiras”.
FUENTE: TIERRA PURA
Este jueves se hizo historia en el Congreso de los Estados Unidos, luego de que la mayoría republicana citara a declarar al ex agente del FBI, Garret O’Boyle, quien filtró información clasificada de la agencia y expuso la persecución política a opositores que está ocurriendo bajo el gobierno de Biden.
Junto a los ex agentes del FBI Steve Friend y Marcus Allen, O’Boyle fue citado por el diputado republicano Jim Jordan para que declare ante el Comité de Persecución Política de la Cámara de Representantes, y cuenta lo que vio y por qué decidió filtrar lo que filtró.
“Demasiados en el FBI no están dispuestos a sacrificarse por el bien de la Nación. Ellos ven lo que sucede con los denunciantes y no hacen nada. Cómo el FBI destruye sus carreras, los suspende con falsos pretextos, toma su autorización de seguridad y paga por el silencio”, dijo. “Esto es por diseño. Crea una atmósfera orwelliana que silencia la oposición y la discusión“.
“No podía continuar a sabiendas y en silencio por este camino sin hablar en contra del uso del FBI para perseguir opositores como presencié”, dijo. “Todo lo que quería hacer era servir a mi país deteniendo a los malos y protegiendo a los inocentes. Para mi disgusto, los malos han comenzado a dirigir partes del gobierno, lo que dificulta continuar sirviendo a esta nación“.
O’Boyle vio con sus propios ojos los excesos de la dirigencia del FBI en las investigaciones sobre las protestas del 6 de Enero de 2021 en el Capitolio, y en las investigaciones de los padres que hablaron en las reuniones de las juntas escolares en todo el país en contra de la ideología de género.
Según relató O’Boyle, cuando empezó a levantar la mano porque no estaba de acuerdo con lo que el FBI estaba haciendo, la agencia hizo foco en destruir su vida. Primero, el FBI decidió trasladarlo a él y a su familia de Kansas a Virginia, luego, lo suspendió sin goce de sueldo, pero no lo dejó irse del estado, por lo que se vio obligado a depender de la caridad para sobrevivir.
Jim Jordan le preguntó a los tres hombres por sus reacciones ante las actividades del FBI en su contra, y todos insistieron en que cumplieron con los juramentos que habían hecho cuando fueron a trabajar on la agencia. “Nosotros juramos por la Constitución, no por la actual gestión del FBI. No hay Dioses en esta discusión. No existe nada más que la Constitución“, aseveró O’Boyle.
Todos coincidieron en que “todo el peso del gobierno federal” cayó sobre ellos, particularmente cuando el FBI envió una carta a los miembros del comité para informarles que las autorizaciones de seguridad de los agentes habían sido revocadas. “Por supuesto, lo cronometraron perfectamente“, dijo Jordan. “Está en la carta que nos envió ayer. Sabíamos que lo harían. Sabíamos que iba a suceder de esa manera“.
También testificaron que sus antiguos colegas no se acercaron a ellos para apoyarlos después de que se sintieron molestos. “Sé con certeza que mi ex supervisor se reunió con mi equipo poco después de que me suspendieran y les dijo que me iban a arrestar, despedir y acusar. Así que si eso no es escalofriante, no lo sé qué es“, dijo O’Boyle.
O’Boyle dijo que las acciones en su contra se produjeron después de su testimonio en un procedimiento donde se estaba investigando internamente que el FBI priorizó las investigaciones contra grupos pro-vida por orden del Gobierno de Biden después de la decisión Dobbs v. Jackson de 2022 que anuló la decisión Roe v. Wade sobre el aborto legal.
Mientras tanto, Friend dijo que la persecución comenzó cuando presentó una queja ante la Oficina del Asesor Legal Especial diciendo que fue suspendido después de expresar su preocupación sobre la manipulación de las estadísticas delictivas por parte del FBI. También presentó quejas por el tratamiento de los acusados del 6 de Enero y el uso de equipos SWAT por parte de la agencia.
La audiencia fue organizada por el presidente del Comité Judicial, Jim Jordan, republicano de Ohio, y se produce después de la publicación del informe del fiscal especial John Durham que reveló que el FBI carecía de pruebas para abrir su investigación sobre la campaña de 2016 del expresidente Donald Trump.
El director general de la firma OpenAI, Sam Altman, habló el martes 16 de mayo de 2023 sobre Privacidad, Tecnología y la Ley, en una audiencia sobre Inteligencia Artificial de la Subcomisión Judicial del Senado de Estados Unidos en el Capitolio, en Washington, D.C.
Sam Altman, creador de la interfaz ChatGPT, dijo el martes ante un panel del Senado que regular la inteligencia artificial (IA) es “crucial” para limitar los riesgos del uso de esta tecnología.
Altman, la última figura surgida del Silicon Valley, instó al Congreso a imponer nuevas reglas a las grandes empresas de tecnología, a pesar de las profundas divisiones políticas que durante años han bloqueado la legislación destinada a regular internet.
“Creemos que la intervención regulatoria de los gobiernos será crucial para mitigar los riesgos de modelos cada vez más potentes”, estimó el empresario de 38 años.
“Es fundamental que la IA más potente se desarrolle con valores democráticos, lo que significa que el liderazgo de Estados Unidos es determinante”, apuntó al testificar sobre el impacto de la IA ante un subcomité judicial del Senado.
El lanzamiento de ChatGPT, en noviembre, aumentó el interés del público, pero también de las empresas, por la llamada IA generativa, es decir, aquella capaz de crear contenidos, textos, imágenes, sonidos o videos.
La IA generativa está desatando pasiones y muchos están preocupados por su impacto potencial en muchas profesiones, con posibles recortes masivos de empleos, y fundamentalmente en la sociedad en su conjunto.
“OpenAI se fundó con la creencia de que la inteligencia artificial tiene el potencial de mejorar casi todos los aspectos de nuestras vidas, pero también crea serios riesgos”, reconoció Altman.
“Uno de mis mayores temores es que nosotros, esta industria, esta tecnología, causemos un daño significativo a la sociedad”, dijo. “Si esta tecnología va por el camino equivocado, puede llegar bastante lejos. (…) Y queremos trabajar con el gobierno para evitar que eso suceda”.
El empresario recordó que si bien OpenAI, la entidad que desarrolló ChatGPT, es una empresa privada, está controlada por una organización sin fines de lucro, lo que la obliga a “trabajar para una distribución amplia de los beneficios de la IA y a maximizar la seguridad de los sistemas basados en IA”.
Altman ha expresado regularmente su apoyo al establecimiento de un marco regulatorio para la IA, preferiblemente a nivel internacional.
“Sé que parece ingenuo proponer algo así, parece muy difícil” de lograr, pero “hay precedentes”, aseguró, citando el ejemplo de la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA).
Altman admitió que probablemente la IA afectará al mercado laboral, pero se mostró optimista en que a la larga, la tecnología generará mas empleos nuevos de los que destruirá.
“Somos tremendamente creativos”, confió el empresario.
Una invitada al evento, la directora de Privacidad y Confianza de IBM, Christina Montgomery, citó su propio puesto como ejemplo de un trabajo que no existía antes del desarrollo de la IA.
Altman también se mostró abierto a la sugerencia de que el Gobierno desarrolle laboratorios independientes para comprobar la fiabilidad de los modelos de inteligencia artificial, y que les darían una nota similar a la calificación nutricional de los alimentos.
El responsable de OpenAI admitió que sus productos todavía cometen errores, pero que con el tiempo se volverán más y más fiables.
Uno de los senadores impulsores de la audiencia, el republicano Josh Hawley, aseguró que la inteligencia artificial es “una de las innovaciones más significativas de la historia”, pero que todavía no está claro si será más parecida a la invención de la imprenta o a la de la bomba atómica.
Los congresistas defendieron que si bien es cierto que se necesita regulación pública, las empresas de IA como OpenAI no tienen que esperar al Congreso para instaurar mecanismos que permitan controlar el desarrollo de la tecnología para mitigar los daños.
A comienzos de mes, el Gobierno estadounidense anunció que invertirá 140 millones de dólares para establecer siete nuevos institutos de investigación de la inteligencia artificial que impulsarán la innovación responsable y asegurarán que los avances en la tecnología sirven al bien común.
Los centros se unirán a los 18 institutos de investigación sobre IA que ya están en funcionamiento en el país
Además, la Casa Blanca anunció que las grandes empresas de IA han aceptado someterse a una evaluación pública de sus sistemas durante el evento de “hackers” DEF CON 31, que se celebrará en Las Vegas a comienzos de agosto.
Durante la convención, miles de participantes analizarán si estos sistemas están alineados con la Carta de Derechos de la IA que ha propuesto el Gobierno estadounidense, y que incluye principios como la privacidad de los datos de los usuarios o la protección contra los algoritmos discriminatorios.
(Con información de AFP y EFE)
FUENTE: TIERRA PURA
Por debajo de las expectativas. Esa es la frase que definió el desempeño de la economía china durante abril pasado, dejando ver que el crecimiento que espera el Partido Comunista Chino (PCCh) para este año no será tan fácil de alcanzar. Entre los porcentajes y las comparaciones, el régimen de Xi Jinping tiene objetivos no menos importantes para su expansionismo, eso incluye apoderarse de Taiwán y mantenerse en este 2023 como la segunda economía más grande del mundo después de Estados Unidos. Dos retos importantes ante un panorama aparentemente débil.
Sin embargo, la retórica del comunismo chino apuesta por un enfoque diferente. China Daily, medio al servicio del PCCh, titula con que la “economía mantiene impulso de crecimiento”. Sin embargo, no todo es color de rosa. A pesar de citan un aumento de la 18,4 % en las ventas minoristas de bienes de consumo, o que la producción industrial creció un 5,6 % el mes pasado respecto al año anterior, hay una manera distinta de ver las cosas y que apela más a la realidad, de acuerdo con expertos y firmas independientes.
“La mayor parte del repunte de China ya quedó atrás”, es la conclusión de la firma Capital Economics en un informe citado por Associated Press tras darse a conocer los números oficiales. Para otros expertos, “el ritmo de la recuperación se ha desacelerado drásticamente”. En otras palabras, Xi Jinping debe pisar con cuidado mientras los medios a su servicio lo ayudan a minimizar los débiles resultados económicos.
Grietas en el plan de Xi Jinping
En realidad, el desempleo juvenil alcanzó un récord. Es decir, el índice que China comenzó a registrar en 2018 llegó a 20,4 % en abril de este año, superando el 19,9 % de hace un año. Eso significa que uno de cada cinco trabajadores jóvenes en las ciudades está desempleado. Y aunque las ventas minoristas mencionadas se aceleraron luego del fin de las restricciones por el COVID-19, igualmente estuvieron por debajo de los pronósticos. Algo similar ocurrió con la producción industrial, la cual creció 5,6 % el mes pasado respecto al año anterior, muy por debajo de las previsiones de un aumento del 10,6 %. Pero ninguno de estos ítems es citado en los medios comunistas del país.
“Es probable que la recuperación se desvanezca durante la segunda mitad del año” debido a la reducción de las ayudas fiscales, el estancamiento del crecimiento del crédito, el debilitamiento del mercado inmobiliario y el impacto de la demanda mundial en las exportaciones chinas, dijo Julian Evans-Pritchard, de Capital Economics, citado por Financial Times.
A finales del año pasado ya era evidente cómo la economía china crecía por detrás de Taiwán, el país denigrado a “provincia rebelde” por Xi Jinping y al que considera su próximo objetivo geopolítico. Igual de irónico es que el régimen quiere aparentar estos últimos meses ser una especie de “mediador” entre Rusia y Ucrania por la guerra. Pero puertas adentro, el PCCh tiene sus propios problemas para resolver.
En marzo, el dictador juró para un tercer periodo de cinco años —luego de anular en 2018 el límite de dos mandatos— y con él anunció un modesto objetivo de crecimiento del 5 %. Después de todo, en 2022 el PBI de China tan solo aumentó 3 %, uno de los peores resultados en cuatro décadas.
Encierros por covid pasan fractura
Bien se sabe que China durante años ha usado la estrategia de la trampa de la deuda para hipotecar a países subdesarrollados. Presta millones y cuando estos no pueden pagar, el comunismo chino exige concesiones política o económicas. Así, es como China llegó a representar en el año 2021 el 66% de los préstamos a países de bajos ingresas, según el Banco Mundial.
Pero el escenario cambia en el 2023. “La economía china no está a punto de implosionar, pero no está volviendo a la década dorada de 2010, cuando crecía a un nivel de dos dígitos”, son las palabras de Steve Tsang, director del Instituto de China en la Escuela de Estudios Orientales y Africanos (SOAS), para el medio DW.
Tal como cita el portal, “el enorme programa de estímulo de Pekín ayudó a Occidente a recuperarse de la crisis financiera de 2008. Esta vez, sin embargo, la recuperación de China tras la crisis es desigual”. El balance oficial del régimen chino, por más que fue difundido con el mayor optimismo posible desde los medios oficiales, certifica lo que alertan expertos. Además, demuestra que los tres años de draconianos encierros por la pandemia, están pasando factura.
FUENTE: TIERRA PURA
El precio de bitcoin (BTC) lleva 10 días cotizando mayormente en los USD 27.000, justo debajo de dos indicadores que podrían preceder a su alza.
“Estamos justamente en el punto donde bitcoin debería rebotar y tener un pump (subida) importante que nos sitúe en una zona próxima a los USD 35.000”, dijo el trader que se identifica en redes sociales como SantinoCripto.
El motivo por el que estima esta alza es debido a que el precio de bitcoin se encuentra justo debajo de la EMA 20 y 50. Como muestra el gráfico del explorador TradingView, la última vez que ocurrió esto fue en marzo y, desde entonces hasta inicios de mayo, la cotización de la criptomoneda se ha mantenido por encima.
En marzo, estos indicadores se cruzaron y el precio de la criptomoneda emprendió un fuerte aumento hasta los USD 31.000. “Estamos en el mismo punto ahora mismo”, expresó el trader. Actualmente, la EMA 20 diaria está cerca de cruzarse a la baja con la EMA 50 diaria, agregó. Por eso, cree que “el precio tiene que reaccionar aquí”.
Cabe señalar que estos dos indicadores son la media móvil exponencial (EMA, por su sigla en inglés) de 20 y 50 días. Como explica la Criptopedia de CriptoNoticias, estos indicadores son utilizados en el análisis de precios de activos, incluyendo bitcoin, para identificar posibles movimientos.
La media móvil exponencial es una variante de la media móvil simple (SMA, según su sigla en inglés) que asigna mayor peso a los datos recientes. Eso la convierte en una herramienta que permite prever más rápidamente posibles cambios de la tendencia de un precio.
Sin embargo, cabe tener en cuenta que la EMA, así como cualquier otro indicador, no garantiza un cambio efectivo de la tendencia del precio. Por lo tanto, es fundamental contemplar otros análisis para tener una visión amplia de posibles escenarios para el mercado.
De acuerdo a otros analistas reportados, el precio de bitcoin se muestra listo para una subida a los USD 28.000, debido al soporte (mínimo) que ha formado en la actual zona. Sin embargo, otros consideran que está en una “zona de tensión máxima” que podría arrastrarlo a USD 22.000, su vieja resistencia (máximo).
FUENTE: CRIPTONOTICIAS