Hugo López-Gatell, Subsecretario de la Secretaría de Salud, reveló esta mañana que algunos proveedores vendían al Gobierno federal medicamentos para el VIH que se inventaron desde la década de 1980, los cuales ya están en desuso a nivel mundial y en México se seguían utilizando.

En conferencia de prensa, explicó que las autoridades vieron en 2019 cómo se perturba intencionalmente el proceso de las licitaciones públicas para la compra de medicinas, ya que hubo proveedores que intentaron “este tipo de maniobras”.

Para ejemplificar la problemática, el funcionario habló de los medicamentos para el VIH, cuyo esquema de tratamiento en México está definido de acuerdo con una línea de manejo. En el caso de los adultos, tenía 38 medicamentos, y de éstos se contaban con esquemas de más de 750 combinaciones para tratar a los pacientes.

“La combinación de medicamentos nos habla del enorme desorden para el uso de tratamiento del VIH porque son no adecuados. En muchos casos encontramos uso de medicamentos antiguos, encontramos el uso del primer medicamento contra el VIH que se inventó o se descubrió al inicio de los años 80. Es un medicamento que ya está en desuso a nivel mundial y en México se seguía utilizando”, dijo.

Desde Palacio Nacional, el Subsecretario de Salud aclaró que esa situación les permitió ver que no se trataba de “un acto casual”, pues empezaron a  notar patrones de distribución en el territorio mexicano, donde no había combinaciones adecuadas en muchas regiones.

Por ello, indicó, se cuestionaron cómo podía existir una guía nacional y una compra nacional de medicamentos de VIH si se usan de una manera o de otra.

“¿Qué encontramos? Que existían presiones por parte de intermediarios de la industria farmacéutica. Descubrimos que una cosa era quienes fabricaban los medicamentos y muy pocas que las distribuían. Ellas tenían amarrados con convenios de exclusividad a las distintas compañías que fabrican los medicamentos”, detalló.

De esta forma, precisó López-Gatell, las distribuidoras ejercían presiones a los médicos que recetaban específicamente los medicamentos retrovirales. Asimismo, aclaró que las compras siempre se han hecho a nivel nacional, sin embargo, éstas no hacían sentido con las cantidades de lo que pedían en cada estado.

“En mayo modificamos por completo el esquema de tratamiento en el VIH. Primero definimos que queríamos los mejores medicamentos, los más efectivos, los más seguro; segundo, identificamos cuántas personas podrían tener este esquema ideal de medicamento y resulta que había muchísimos más de los que se estaban aprovechando”, informó.

Frente a los medios de comunicación, agregó que “médicamente uno se puede encontrar que algunos pacientes tienen problema de salud que no permiten usar el mejor, sino una combinación alternativa. Así concentramos la demanda y negociamos el volumen. Ahora pedimos 60 mil de medicamento ideal. Logramos una reducción de 67 por ciento del costo original de este medicamento”.

Por su parte, el Presidente Andrés Manuel López Obrador recordó que el año pasado tuvieron que enfrentar unos problemas de desabasto porque hubo resistencia, ya que “quisieron forzarnos a dar marcha atrás en la compra consolidada de los medicamentos”.

“¿Qué es lo que hacen? Le llaman claves a los medicamentos. Se licitan mil 200 claves y resulta que se ofrecen 800 claves, quedan 400. Al momento de que ya se hizo esa licitación, lo que se hacía era asignación directa de los contratos y el precio de esos medicamentos ya se elevaba hasta tres veces”, apuntó.

El mandatario agregó que fue entonces que a través de la Oficialía Mayor, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) decidió dónde comprar los medicamentos que faltaban. Algunos se trajeron de Francia.

 “Incluso se tuvieron que comprar medicamentos en Francia y lo vamos a seguir haciendo si se necesita, y si no hay de que se pongan de acuerdo y no quieran vendernos como en el caso de medicinas para enfermos con VIH/sida o para niños enfermos de cáncer”, finalizó.

En septiembre pasado, fuentes del Gobierno de México dijeron a SinEmbargo que la empresa farmacéutica Pisa “indujo a un desabasto de medicamentos” como los que usan niños con cáncer para “chantajear” a las autoridades sanitarias federales.

En abril de 2019 se detectó un brote de Leclercia Adecarboxylata en 15 hospitales de Guadalajara, Jalisco. Esto obligó a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) a cerrar siete de 17 plantas de la empresa Central de Mezcla Productos Hospitalarios SA de CV, una filial de Pisa. Para mayo, fueron 69 brotes infecciosos que empezaron en el Hospital del Niño Poblano; dos menores de edad, por desgracia, murieron por reacciones adversas a causa del metotrexato. Cofepris sometió a revisión un lote. Prisa o sus filiales están vinculada a ambos casos.

Pero la farmacéutica, señalaron las fuentes, aprovechó que controla distintos segmentos de la industria médica para ejercer presión al Gobierno federal. “Provocó un desabasto de ciertos medicamentos”, explicaron. Altos funcionarios federales interpretaron esto como que Pisa pretende doblegar a las autoridades sanitarias para que las investigaciones no la afecten.

La escasez de metotrexato, que es utilizado en el tratamiento para el cáncer, llevó a las secretarías de Hacienda y Crédito Público y a la de Salud a realizar compras directamente a un laboratorio de Francia, después de revisar que no hubiera existencia en el resto de la industria nacional.

El pasado 21 de septiembre, el Presidente Andrés Manuel López Obrador lo confirmó así en Oxchuc, Chiapas: “Quisieron boicotear no entregando, no vendiendo la medicina que se necesita para curar a los niños de cáncer y pensaban que nos iban a doblegar. ¿Qué hicimos?, ya se compró la medicina en Francia, ya llegó la medicina que se compró en el extranjero para que no falten los medicamentos”.

El Presidente se refería, de acuerdo con lo explicado por las mismas fuentes, a la farmacéutica Pisa.

“La industria farmacéutica está muy enojada. Nos dijeron que estaba acostumbrada a hacer estas compras como en el pasado. No estamos en guerra con la industria, pero se le tenía que poner un alto. Antes, todo esto se solucionaba con corrupción”, comentó una de las fuentes oficiales consultadas. Dijo que sólo con la revisión del 21 por ciento de las compras ya se logró un ahorro de más de 5.4 mil millones de pesos, lo que a la autoridad le dice de qué tamaño eran los acuerdos irregulares entre algunos actores de este poderoso sector, y entes gubernamentales.

El pasado 21 de septiembre, de gira por Yucatán, López Obrador dijo que tres empresas “con influencias” bloquearon la entrega de los medicamentos para niños con cáncer. Entonces habló de tres empresas.

“Tres empresas vendían todos los medicamentos, tres empresas que ni producían los medicamentos, pero tenían influencias, andan queriendo jugar a las vencidas. Nos quisieron boicotear al no entregar las medicinas para los niños con cáncer”, afirmó el mandatario.

De acuerdo con las fuentes consultadas entonces por SinEmbargo, el Gobierno federal se ha enfrentado a un intento de boicot de la industria, pero también de lo que al interior de los altos funcionarios se denomina “duende”, es decir, funcionarios e incluso personal médico que participa, por intereses propios, en distintos niveles de chantaje.

Por ejemplo, retrovirales fueron robados al parecer de manera coordinada hasta en centros hospitalarios. Se registró un ataque a un vehículo con medicamentos que fueron dañados deliberadamente; también han detectado, y esto los ha alarmado, cambios en órdenes de compra.

Sobre esto último, las fuentes detallaron que salía una orden de compra muy específica y dentro de oficinas de Gobierno eran modificadas para adquirir medicamentos viejos de las farmacéuticas o bien cantidades exorbitantes de alguno cuya compra no estaba siquiera justificada.

El caso de la farmacéutica Pisa es el que tiene más ocupado al Gobierno federal en este momento, aunque no es el único. Se tiene conocimiento que la escasez de metotrexato, medicamento que se usa para la mezclas oncológicas, fue provocada. La misma empresa tenía guardadas 17 mil dosis que no puso en el mercado para ejercer presión contra el Gobierno.

(Julio Astillero)

La aprobación del T-MEC en el Senado de Estados Unidos es una “buena noticia para el sector agroalimentario de la región de Norteamérica, al brindar certidumbre a un comercio de alrededor de 90 mil millones de dólares anuales”, consideró el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Víctor Villalobos Arámbula.

Con el nuevo tratado –que reemplaza al de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)— se logró un “ganar- ganar- ganar” para los tres países, estableció el funcionario federal. 

“Estamos muy satisfechos y va a generar una gran derrama económica y repercusión en la producción agroalimentaria de México”, indicó.

“En la producción primaria y agroindustrial se cumple con el principio de fortalecer al sector rural, donde México es líder exportador en frutas y hortalizas a Estados Unidos, y tiene una clara ventaja competitiva”.

Con el T-MEC nos brindamos certidumbre los tres países, con reglas claras y un comercio complementario con regulaciones basadas en ciencia, remarcó.

“El TLCAN impulsó la agricultura en los últimos años, nos ha hecho más eficientes y competitivos y, sobre todo, nos ha permitido acceder al importante mercado de Norteamérica”.

Añadió que con este “nuevo Tratado actualiza, en mucho, los beneficios que hemos recibido y tenido a través del TLC. Hemos firmado un Tratado que tiene y toma en cuenta aspectos que hace más de 20 años no se tenían considerado, como es la innovación tecnológica y los temas asociados en la parte ambiental”,

Anticipó que habrá una orientación de recursos hacia el establecimiento de infraestructura en el campo mexicano, sobre todo en la parte hortícola y de exportación de cárnicos y frutales.

“Estamos seguros que todo lo que México ha venido exportando en forma eficiente se va a seguir incrementando”.

(La Jornada)

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) reiteró su respaldo a una propuesta legislativa que busca reformar la Ley de Asociaciones Religiosas y de Culto Público, y rechazó la idea de que en México se instaure un “gobierno teocrático”.

Mons. Rogelio Cabrera López, presidente de la CEM, alentó a que “la ley no se vea como una ley de privilegios o de lucha de poder, porque nosotros queremos que sea puesta en una visión de ciudadanos”.

“Y los pastores, los obispos y sacerdotes de la parte católica sabemos que tenemos que estar en el lugar donde corresponde”, dijo.

El presidente de la CEM subrayó que no se trata ya solo de una separación entre la Iglesia Católica y el Estado, sino “todas las iglesias y todas las religiones”.

“Tampoco puede haber una conjunción entre otra religión y el Estado”, precisó.

La reforma a la Ley de Asociaciones Religiosas y de Culto fue presentada a mediados de diciembre de 2019 por la senadora María Soledad Luévano Cantú, de Morena, el partido del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. El proyecto fue derivado para su estudio en comisiones del Senado.

En México, donde los conflictos del Estado contra la Iglesia han sacudido al país desde mediados del siglo XIX, el proyecto de reforma ha sido recibido con críticas por supuestamente afectar el “Estado laico”.

La separación de Iglesia y Estado se remonta a mediados del siglo XIX, cuando una serie de gobernantes, entre ellos Benito Juárez, promulgaron las leyes conocidas como “de reforma”. Estas nuevas normas hicieron que, entre otras cosas, se nacionalizaran los bienes eclesiásticos.

Las tensiones se intensificaron a inicios del siglo XX, con la promulgación de la Constitución de 1917 y con la ley de tolerancia de cultos, conocida como “Ley Calles”, de Plutarco Elías Calles, que llevaron a prohibir la existencia de las congregaciones religiosas, así como a una serie de restricciones a los sacerdotes y el culto público.

La Ley Calles disparó la Guerra Cristera en 1921, que causó decenas de miles de muertes tanto en el bando del Estado como en el de los insurgentes que defendían la libertad religiosa, conocidos como “cristeros”.

La Guerra Cristera culminó oficialmente en 1929, aunque la persecución religiosa se extendió durante algunos años más.

No fue sino hasta las reformas constitucionales de 1992 y la promulgación de la Ley de Asociaciones Religiosas y de Culto Público, ese mismo año, que la Iglesia Católica pudo tener personalidad jurídica en México, y se dejaron de prohibir las “órdenes monásticas”.

Los templos católicos construidos antes de 1992 aún son considerados propiedad federal y la Iglesia tiene prohibido poseer canales de televisión y radioemisoras.

Para Mons. Cabrera López, la propuesta de reforma a la Ley de Asociaciones Religiosas y de Culto Público “no toca ningún precepto constitucional, no requiere una reforma constitucional”.

“Hemos expresado nuestro acuerdo y queremos también participar en este diálogo, para que esta legislación sea para todos y respete el derecho fundamental, el derecho humano a la religión, porque esta es la razón de ser de esta ley”, destacó.

El presidente de la CEM subrayó que “tiene que estar separado el gobierno de las religiones”, pues “no podemos esperar un gobierno teocrático en México”.

(Aciprensa)

Durante el segundo semestre de 2019, el 19.4 por ciento de la población mayor de 18 años sufrió acoso y/o violencia sexual, según lo publicado este jueves en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Esta es la primera vez que el instituto da a conocer la estimación sobre este tema.

La encuesta reflejó que de ese casi 20 por ciento, la mayor parte de las víctimas fueron mujeres, con 27.2 por ciento, mientras que 10.1 los hombres sufrieron este tipo de conductas.

El inegi detalló que la mayor parte de las agresiones fueron piropos groseros u ofensivos de tipo sexual o sobre su cuerpo que le molestaron u ofendieron en lugares públicos (13.6 por ciento); recibió mensajes o publicaron comentarios con insinuaciones, insultos u ofensas sexuales sobre su persona en redes sociales, celular o correo electrónico (5 por ciento) o le enviaron mensajes, fotos videos o publicaciones con insinuaciones, insultos u ofensas sexuales que fueron ofensivos o amenazantes (4.6 por ciento).

En el mismo estudio se reveló que el 72.9 por ciento de la población de 18 años y más, es decir siete de cada diez, consideró que vivir en su ciudad es inseguro.

Además, la percepción de inseguridad siguió siendo mayor en el caso de las mujeres con 77.2 por ciento, mientras que para los hombres fue de 67.8 por ciento .

En este ejercicio, Puebla de Zaragoza, la capital de Puebla, encabeza la lista de las ciudades con mayor percepción de inseguridad a nivel nacional: el 92.7 por ciento de la población se sintió insegura en esta zona.

(El Financiero)

El gobierno de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, lanzó la convocatoria para un concurso, llamado "Adiós Gordito", el cual ofrece 5 mil pesos a los participantes que logren reducir su peso.

La convocatoria detalla que, en total, se aceptarán 35 participantes, quienes, como requisito, deberán tener un peso mayor a los 100 kilos y residir en el municipio.

A lo largo de cuatro meses, las personas que se inscriban en el concurso competirán durante cuatro meses para tener "una buena salud y un peso adecuado", además, se les proporcionará entrenador físico y nutriólogo.

Los cinco primeros lugares del concurso ganarán 5 mil pesos, asesoría nutrimental y seis meses de suscripción en un gimnasio.

De acuerdo con la convocatoria, el inicio del entrenamiento comenzará este viernes 17 de enero.

(El Financiero)

Los retiros parciales por desempleo y matrimonio de las cuentas de las administradoras de fondos para el retiro (Afores) alcanzaron un nivel récord durante el primer año de la administración de Andrés Manuel López Obrador, revelaron estadísticas de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).

De diciembre de 2018 a diciembre de 2019, las disposiciones de una parte de los recursos que se encuentran en una cuenta individual, con el fin de ayudar al cuentahabiente por desempleo o por matrimonio, alcanzaron un monto sin precedente de 13 mil 43.1 millones de pesos, desde que la Consar revela dichos datos (2005), y superando también a las cifras alcanzadas durante el primer año de administración de los dos antecesores de López Obrador.

En el periodo de referencia se retiraron 12 mil 870.1 millones de pesos de las cuentas individuales por concepto de retiro parcial por desempleo; mientras que los trabajadores que han decidido casarse y requirieron ayuda monetaria, retiraron de su Afore una suma de 17.3 millones, para llegar a un total de retiros por más de 13 mil millones de pesos.

Durante el primer año de Enrique Peña Nieto, el retiro parcial de las Afores por desempleo fue de 9 mil millones de pesos, mientras que la ayuda por matrimonio sumó 168.4 millones de pesos, para sumar una disposición de 9 mil 173.8 millones.

En tanto, en los primeros 12 meses de Felipe Calderón Hinojosa, los retiros parciales de las Afores fueron de dos mil 236.4 millones de pesos; dos mil 146.7 millones por el motivo de desempleo y 89.7 millones de pesos por matrimonio.

En línea con un bajo crecimiento económico -cercano a cero por ciento- y el empleo registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) subió en 342 mil 77 (1.7 por ciento) de diciembre de 2018 a diciembre de 2019 -la peor cifra desde 2009 cuando el empleo se redujo en 1.2 por ciento-, fueron caldo de cultivo para que los trabajadores en paro hicieran uso del derecho de retiro parcial por desempleo de su Afore.

"Sí hay más solicitudes de retiro de las Afores por desempleo en términos generales en 2019; el incremento es superior al 20 por ciento respecto de lo observado en el año anterior, sin embargo, esto retiro de las Afores por desempleo representan solo el 0.2 por ciento de los fondos administrados por la Afores", aseguró Bernardo González, presidente de la Asociación Mexicana de Afores (Amafore), en entrevista radiofónica.

"En realidad , sí hay un crecimiento de esos retiros pero no es un punto considerable cuando los revisas con el saldo completo, y al final es una de las previsiones que tiene la ley para proteger a los trabajadores cuando se quedan sin empleo que pueden hacer un retiro parcial de sus fondos”, explicó Bernardo González.

Si bien el trabajador (desempleado) puede hacer uso de retirar parcialmente recursos de su Afore si tiene al menos dos años de cotización y, por lo menos tres años, con una cuenta de Afore abierta, el cuentahabiente debe tomar en cuenta que se le descontarán semanas de cotización.

Lo anterior, afecta a la hora del retiro del trabajador. Y es que el requisito de aportar al menos mil 250 semanas conducirá a que pocos trabajadores de la generación afiliados al IMSS tengan derecho a una pensión, toda vez que la Generación Afore del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) no cotizan de manera continua al Instituto.

Así, si se pide el derecho de retiro parcial por desempleo, se da solución al instante, ya que se puede retirar un mínimo de 30 días y un máximo de 90 días del salario base de cotización del trabajador.

A diferencia de la ayuda por matrimonio, se solicita una vez en la vida laboral y no se descuentan semanas.

(El Financiero)