Ford, Volvo y Mercedes-Benz decidieron en los últimos meses recortar su estimación de producción de vehículos eléctricos. Dificultades técnicas como las estaciones de carga y los altos precios demuestran que esta tecnología se llevará su tiempo hasta que su uso se vuelva común entre los conductores. Es un patrón que se está repitiendo en Estados Unidos y en otros países del mundo frente a ventas que crecen cada vez más lento.
La respuesta del mercado también desploma las expectativas del gobierno demócrata de EE. UU., promotor de una agenda verde que poco ayuda al ambiente. Además, bajo esa excusa ha gastado millones de dólares, como los 12000 millones incluidos en la Ley de Reducción de la Inflación de 2022 para que los fabricantes de automóviles adapten sus fábricas a la producción de vehículos eléctricos.
Entonces, la Administración de Joe Biden y Kamala Harris demuestra una vez más cómo promesas ambientalistas solo obedecen a intereses políticos, unos que los llevaron hasta la Casa Blanca en 2020 pero que ahora se tambalean por su improbable puesta en práctica. Consultas a expertos hechas por Daily Caller destaca que la transición a ese tipo de vehículos eléctricos puede no ser tan factible como se pensaba por varias razones: la aversión de los consumidores a los rangos de kilometraje más bajos, la falta de infraestructura de carga y los precios más altos.
Se derrumba la utopía ambientalista
Como había ordenado meses atrás, la meta de la Administración Biden-Harris era que para el año 2032, el 67 % de los vehículos nuevos que se vendan sean eléctricos. Además de “alcanzar emisiones netas cero de las operaciones federales en general para 2050, incluida una reducción de emisiones de 65 % para 2030”. Pero es una utopía. El actual mandatario demócrata tuvo que dar su brazo a torcer respecto a varios puntos en febrero pasado, cuando aún era candidato a la reelección para no perder el voto de de los sindicatos de la industria automotriz.
Por otro lado están los conductores. El 46% de los encuestados por Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research y el Energy Policy Institute de la Universidad de Chicago respondió que tenía pocas o muy pocas probabilidades de comprar un vehículo eléctrico, mientras que solo el 21 % tenía “muchas” o “extremadamente” probabilidades de hacer el cambio.
Las razones de ese 46 % sobran. Por ejemplo, la tormenta invernal que azotó a EE. UU. en enero —con temperaturas de hasta 31 grados bajo cero en algunas zonas— afectó el rendimiento de baterías de los vehículos eléctricos. Uno de los propietarios dijo desde la estación Tesla de Oak Brook, en Chicago, Illinois, que a pesar de intentarlo, la batería seguía marcando 0 %. Dos años antes una ola de calor tocó a California, las autoridades pidieron entonces no cargarlos para ahorrar energía eléctrica.
Más complicado resulta el escenario detrás de todo esto porque componentes de las baterías como el grafito y el litio son altamente contaminantes sin mencionar el degradante proceso de extracción con mano de obra esclava africana. Eso y más explicaría parcialmente por qué Ford canceló sus planes de producir un SUV eléctrico en agosto y redujo la producción de su camioneta F-150 Lightning en enero. “Estos cambios se producen después de que Ford perdiera 4.700 millones de dólares en vehículos eléctricos en 2023, lo que equivale a casi 65.000 dólares por cada vehículo eléctrico vendido”, agrega Daily Caller.
Mercedes-Benz hizo lo propio, reduciendo su objetivo de vender el 100 % de sus vehículos eléctricos para 2030 a solo el 50 %. En conclusión, la Administración Biden-Harris lidia con otro fracaso en el camino a las elecciones presidenciales y aunque la agenda verde no sea un tema tan determinante para que los electores decidan su candidato, sí es un precedente de las infundadas promesas demócratas.
FUENTE: TIERRA PURA
Mucho se habla de la eutanasia como un paso más de la cultura de la muerte y que, con la cual, se consigue eliminar la vida desde el momento de la concepción (a través del aborto) hasta la muerte natural (por medio de eutanasia y/o suicidio asistido).
Sin embargo, rara es la ocasión en la que oímos hablar de las ingentes cantidades de dinero que se derivan de las eutanasias practicadas en nuestro país, ha denunciado la Fundación Abogados Cristianos.
Desde dicha institución señalan que la existencia de intereses económicos por parte del personal sanitario, podría estar incentivando que se practique la eutanasia a ciertos pacientes, en concreto, a aquellos que son donantes de órganos.
Hace apenas unos meses Abogados Cristianos tuvo acceso a un documento que especificaba los sobresueldos que estarían recibiendo en Andalucía los profesionales involucrados en un trasplante de órganos. Y esto, obviamente, provoca un conflicto de intereses cuando hay vidas en juego.
Y menos aún, cuando la propia Ley de Eutanasia, en su artículo 14, prohíbe explícitamente este conflicto de intereses.
Es fraudulento que aquellos que animan a un paciente a continuar con su proceso de eutanasia, cobren miles de euros a costa de la realización de un trasplante.
Y es que esto se ha convertido en un lucrativo negocio para el resto de agentes involucrados en el proceso: hospital detector, generador (extracción) y trasplantador.
A continuación se detalla en una infografía con el precio por órgano, sumando las cantidades que reciben médicos, enfermeros y otros profesionales sanitarios.
Estos son los precios que recibe el personal sanitario por los órganos extraídos para trasplantes. Muchos de ellos son de pacientes empujados a la eutanasia
Son, al menos, casi 90.000 euros por persona eutanasiada lo que se puede conseguir en trasplantes, A este cantidad habría que sumar una cantidad fija de 3.382 euros que percibe el hospital por donante y un suplemento e indemnización en caso de traslado. Un verdadero negocio de la muerte.
Destacar que ni siquiera dejó de funcionar el negocio de los trasplantes durante los encierros en la pandemia y después, con todo su cinismo argumentaron que no había ningún riesgo en recibir órganos de fallecidos COVID cuando a los familiares no los dejaban ni ir a sus entierros.
Es una vergüenza, por último, que jueguen con la desesperación de los enfermos y les hagan sentir que la decisión de terminar con su vida es la mejor, al estar ayudando con ella a los receptores de sus órganos. Todo para lucrarse.
Gracias a Instituciones como Abogados Cristianos salen a luz estos escándalos.
Por cierto, ¿dónde está la fiscalía?
FUENTE: TIERRA PURA
Este domingo, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobaron el polémico “Pacto del Futuro“, una plataforma que corre el horizonte de la Agenda 2030 al año 2045, y le agrega cuestiones relacionadas a la censura de redes sociales, a la regulación de la IA, al reconocimiento de pueblos indígenas y a la ideología de género.
Si bien países como Rusia intentaron frenar su aprobación, la moción fue derribada por 143 votos a favor contra solo 7 en contra, y 15 abstenciones, por lo que el Pacto finalmente fue adoptado “por consenso”, que no quiere decir que haya habido unanimidad, sino que ningún país expresó abiertamente su rechazo.
La delegación de Argentina se ausentó completamente de la votación, como también lo hizo la delegación salvadoreña, expresando de alguna manera u otra su descontento con la cumbre.
Agenda 2045
Si bien todavía no se llegó al año 2030, la ONU ya decidió que los objetivos que fueron planteados en el año 2015 están lejos de cumplirse por lo que se decidió correr los plazos al año 2045.
Pero además, la Asamblea General aprovechó la oportunidad para agregar una serie de objetivos nuevos, contenidos en el Pacto Digital Global y la Declaración sobre Generaciones Futuras.
Por último, este pacto redefine el Consejo de Seguridad de la ONU, que actualmente contiene a 5 miembros permanentes (Estados Unidos, Reino Unido, Francia, China y Rusia), para incluir un nuevo miembro por cada continente.
Si bien todavía no se ha decidido qué país entrará por cada continente, se espera que por Latinoamérica el elegido sea Brasil, que cuenta con el apoyo de los 5 actuales miembros. Estos países tendrán poder de veto en las decisiones que se tomen en el pleno de las Naciones Unidas.
- Condiciona todo financiamiento internacional al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sustentable.
- Mueve el horizonte de cumplimiento de los puntos de la Agenda 2030 al año 2045.
- Aprueba el Pacto Digital Global, que obliga a las redes sociales a revelar los datos de los usuarios.
- Se impone a los países un “estilo de vida” vinculado al reciclado para que haya “desechos cero” y “economía circular”.
- Se piden que todas las inversiones tengan un componente de economía sustentable.
- Se fortalecen todas las formas de gobernanza global, debilitando la soberanía de los países y su margen de acción.
- Se modifica la estructura del Consejo de Seguridad de la ONU para meter un miembro permanente por continente, desarmando la hegemonía de los Estados Unidos.
- Se limita la compra de armamento al gasto en políticas sociales, de género y ecologistas.
- Se indica que toda forma de cuidado es un trabajo, incluso el cuidado en la familia, y que debería ser subsidiado por el Estado.
- Se deberán respetar las tradiciones indígenas aún si son contrarios a las leyes de cada país.
La antigua Agenda 2030
La Agenda 2030, un marco de acción que impera en el plano internacional hace décadas, surgió a partir de los “Objetivos del Milenio” firmados en el año 2000, una serie de puntos que los países miembro de la ONU se comprometían a cumplir para el año 2015, que luego pospusieron para el año 2030.
Estos objetivos, renombrados como “Objetivos de Desarrollo Sustentable“, abarcan desde la pobreza cero hasta el ecologismo más extremo. Pero más allá de los objetivos, la hoja de ruta que marca para lograrlos es lo verdaderamente alarmante: la Agenda 2030 quiere construir un gobierno mundial, que le saque la soberanía a los Estado-Nación y le entregue el poder a burócratas que no fueron elegidos democráticamente.
Esta visión logró moldear en las últimas tres décadas a la Unión Europea, que pasó de ser un bloque de libre comercio a un organismo supranacional que constantemente viola la soberanía de los países miembro. La Agenda 2030 se convirtió en el sustento ideológico de la idea de que un país puede tener múltiples naciones, que la economía debe ser altamente regulada, y que los impuestos deben ser altos para sostener un Estado de Bienestar elefantiásico.
Además, impulsa la visión de que la natalidad es contraproducente y promueve políticas basadas en el teorema de Malthus. Es de esta agenda que se desprenden los argumentos en favor de las fronteras abiertas y la inmigración masiva.
El modelo que plantea la Agenda 2030 es distópico: promueve una sociedad partida, en la que un grupo cada vez más pequeño de nativos deben mantener una baja natalidad y una baja producción para no dañar al medio ambiente, mientras que otro grupo, generalmente extranjero, debe tener muchos hijos para pagar impuestos y sustentar un Estado masivo. Sin embargo, este segundo grupo debe estar sumido en la pobreza, así no consume mucho y se mantiene una economía verde en términos globales.
Los objetivos para llegar a este modelo de sociedad no se han podido alcanzar, y si bien el “socialismo del siglo XXI” ha avanzado mucho en los últimos años, los mismos jerarcas de esta agenda globalista admiten que han fallado estrepitosamente, especialmente por el resurgir en todo el mundo de corrientes nacionalistas en lo político/social y con una visión liberal de la economía.
Es por eso que desde 2022, han empezado a hablar de la “Visión 2045“, que implica un nuevo programa de metas globales pero con el horizonte puesto en el año 2045. Esta nueva visión es más extremista incluso que la Agenda 2030, ya que incorpora toda la cuestión de género, la censura en las redes sociales y un mundo multipolar. Si la Agenda 2030 es el vehículo de la socialdemocracia globalista, la Agenda 2045 busca imponer el comunismo chino.
FUENTE: TIERRA PURA
Mucho se habla de la eutanasia como un paso más de la cultura de la muerte y que, con la cual, se consigue eliminar la vida desde el momento de la concepción (a través del aborto) hasta la muerte natural (por medio de eutanasia y/o suicidio asistido).
Sin embargo, rara es la ocasión en la que oímos hablar de las ingentes cantidades de dinero que se derivan de las eutanasias practicadas en nuestro país, ha denunciado la Fundación Abogados Cristianos.
Desde dicha institución señalan que la existencia de intereses económicos por parte del personal sanitario, podría estar incentivando que se practique la eutanasia a ciertos pacientes, en concreto, a aquellos que son donantes de órganos.
Hace apenas unos meses Abogados Cristianos tuvo acceso a un documento que especificaba los sobresueldos que estarían recibiendo en Andalucía los profesionales involucrados en un trasplante de órganos. Y esto, obviamente, provoca un conflicto de intereses cuando hay vidas en juego.
Y menos aún, cuando la propia Ley de Eutanasia, en su artículo 14, prohíbe explícitamente este conflicto de intereses.
Es fraudulento que aquellos que animan a un paciente a continuar con su proceso de eutanasia, cobren miles de euros a costa de la realización de un trasplante.
Y es que esto se ha convertido en un lucrativo negocio para el resto de agentes involucrados en el proceso: hospital detector, generador (extracción) y trasplantador.
A continuación se detalla en una infografía con el precio por órgano, sumando las cantidades que reciben médicos, enfermeros y otros profesionales sanitarios.
Estos son los precios que recibe el personal sanitario por los órganos extraídos para trasplantes. Muchos de ellos son de pacientes empujados a la eutanasia
Son, al menos, casi 90.000 euros por persona eutanasiada lo que se puede conseguir en trasplantes, A este cantidad habría que sumar una cantidad fija de 3.382 euros que percibe el hospital por donante y un suplemento e indemnización en caso de traslado. Un verdadero negocio de la muerte.
Destacar que ni siquiera dejó de funcionar el negocio de los trasplantes durante los encierros en la pandemia y después, con todo su cinismo argumentaron que no había ningún riesgo en recibir órganos de fallecidos COVID cuando a los familiares no los dejaban ni ir a sus entierros.
Es una vergüenza, por último, que jueguen con la desesperación de los enfermos y les hagan sentir que la decisión de terminar con su vida es la mejor, al estar ayudando con ella a los receptores de sus órganos. Todo para lucrarse.
Gracias a Instituciones como Abogados Cristianos salen a luz estos escándalos.
Por cierto, ¿dónde está la fiscalía?
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El ex agente jefe de la Patrulla Fronteriza Aaron Heitke testificó ante el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes el miércoles sobre la invasión fronteriza de Biden-Harris durante su tiempo en el sector de San Diego.
Más de 15 millones de inmigrantes ilegales, principalmente varones en edad militar, han cruzado la frontera desde que Biden asumió el poder en enero de 2021.
Cientos de terroristas incluidos en la lista de vigilancia del FBI han cruzado a Estados Unidos y luego han sido liberados en el interior del país.
“Hay una amenaza importante ahí fuera que no conocemos”, dijo el agente jefe retirado de la Patrulla Fronteriza Aaron Heitke a “ Fox & Friends First ” el miércoles antes de su testimonio.
“Vimos un aumento constante en el número de personas que cruzaban la frontera… los números simplemente siguieron aumentando a miles y miles cada día”, dijo.
Heitke dijo a los legisladores que el gobierno de Biden-Harris le ordenó encubrir el aumento de presuntos terroristas arrestados en la frontera sur.
“En San Diego, tuvimos un aumento exponencial de extranjeros con intereses especiales. Se trata de extranjeros con vínculos importantes con el terrorismo. Antes de esta administración, el sector de San Diego tenía un promedio de 10 a 15 arrestos por SIA por año. Una vez que se corrió la voz, la frontera era mucho más fácil de cruzar; San Diego tuvo más de 100 SIA en 2022, mucho más en 2023 e incluso más que eso registrado este año”, dijo Heitke a los legisladores.
Aaron Heitke dijo a los legisladores que el gobierno de Biden-Harris le ordenó permanecer en silencio sobre los terroristas que cruzan la frontera.
“Estos son los únicos que hemos atrapado. En ese momento, me dijeron que no podía divulgar ninguna información sobre este aumento de infracciones de inmigración ni mencionar ninguno de los arrestos. La administración estaba tratando de convencer al público de que no había ninguna amenaza en la frontera”, dijo Heitke.
Heitke también dijo que había 150.000 vuelos para trasladar a inmigrantes ilegales a Texas y cero recursos para rastrear el fentanilo.
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FUENTE: TIERRA PURA
La noticia encapsula tan perfectamente la actitud occidental frente a la avalancha migratoria procedente del Tercer Mundo que, aun siendo aparentemente insignificante, es enorme: las autoridades piden a los revisores de trenes alemanes en el estado de Turingia que no le pidan el billete a los «recién llegados» después de una oleada de conductas violentas o amenazantes de estos contra el personal ferroviario. ¿Quién dijo que la violencia nunca funciona?
El Thüringer Allgemeine señaló el domingo que se había informado al personal ferroviario que debía hacer todo lo posible para reducir la carga de los viajeros problemáticos, incluso si eso significaba dejarles viajar gratis total. Ahora habrá en Turingia pasajeros de primera y de segunda y, curiosamente, los segundos son los que están en la tierra de sus padres y pagan impuestos.
Un matrimonio que había viajado recientemente en un tren de la línea Süd-Thüringen-Bahn contactó con el diario para contar que a quienes tenían pinta de extranjeros no se les pedía el billete, cosa que sí se hacía con los nativos. El diario contactó con los servicios ferroviarios, que inicialmente negaron la acusación, para acabar finalmente admitiendo que se había dejado a discreción de los empleados exigir o no el billete cuando consideraran que había riesgo de violencia o intimidación.
La situación en los transportes alemanes por culpa de la actitud de muchos inmigrantes es ya vox populi, y una reciente carta aparecida en un diario alemán se quejaba: «Los políticos estatales y federales hablan una y otra vez de ‘integración’ y tolerancia hacia los inmigrantes y refugiados. Les preguntamos seriamente: ¿cómo pueden esperar que los ciudadanos de este país acepten la política de refugiados que se practica cuando tienen que presenciar —prácticamente todos los días, ¡y no sólo en el transporte público!— tanta violencia, brutalidad y absoluto desprecio y burla de nuestras leyes y sociedad, incluidos sus llamados ‘valores’?».
De la miríada de problemas que provoca la descerebrada política occidental de inmigración sólo nos llegan los casos más graves, atentados, violaciones grupales o asesinatos, pero su influencia negativa en muchos aspectos de la vida social está dando la vuelta al panorama político, a pesar de toda la propaganda coordinada para contrarrestar el malestar.
También en Francia se ha dejado notar el calvario en que se ha convertido para los nativos usar el transporte público. Las cifras anuales proporcionadas por el Ministerio del Interior en septiembre de 2023 revelan que el 69% de los robos violentos y otros delitos violentos, incluidas las agresiones sexuales, en el transporte público en la región metropolitana de París, Île-de-France, fueron perpetrados por ciudadanos extranjeros.
Un análisis más detallado de los datos muestra que los africanos por sí solos eran responsables del 52% de esos delitos, aunque son solo un 3,2% de la población. En toda Francia, el 55% de los detenidos por delitos en el transporte público son extranjeros, según indican los datos.
FUENTE: TIERRA PURA