Brooklyn, NY: Cada paquete se preparaba con sumo cuidado. Uno por uno. El polvo blanco se compactaba en un molde y se forraba con una capa de plástico. Luego se cubría de grasa y se le colocaba otra capa. Encima de ella una etiqueta de color para identificar quien era el destinatario y después una bolsa más colocada al alto vacío, extrayendo el aire restante, para que quedara lo más compacta posible. Y se pesaban, tenía que ser exacto: un kilo, no más y no menos.

Los paquetes ya forrados se iban acomodando en una parte fondo del carrotanque. Uno sobre otro. Perfectamente ordenados. Una vez agrupados venía el terminado con una sustancia que ellos conocían como “plasti-acero”, la cual al estar caliente podía colocarse como si se estuviera rociando con líquido una superficie que, al enfriarse, se endurecía como si de metal se tratara. Así quedaba una “pared falsa”, en la que daba la impresión que no había nada.

Concluido el compartimento secreto faltaba una tarea más: el engrasante. Los “trabajadores” se aseguraban de cubrir de aceite, mucho aceite, todo el interior del piso de tanque. El objetivo: si algún curioso no deseado quería revisar el fondo, se lo pensaría dos veces por lo resbaloso de la superficie.

El proceso se repetía en uno o dos tanques más y cuando estaba listo, estos se incorporaban al tren de carga. Y de ahí iniciaba un largo trayecto. Partían de la Ciudad de México y durante varios días se recorrían miles de kilómetros al norte, más allá de la frontera. El destino: bodegas ubicadas en Chicago, Illinois, o en los suburbios de Nueva York.

Al llegar al punto el trayecto aún no terminaba. Los “trabajadores” desmantelaban el compartimento secreto y rápido, pero con cuidado, bajaban uno a uno cada paquete de kilo para subirlo a un vehículo. O dos si era necesario. Una vez listo los camiones abandonaban la bodega para dirigirse a otra más, a unos kilómetros de distancia.

Ya en la segunda bodega los camiones de carga se estacionaban al interior y quedaban listos para la descarga final. Camionetas más chicas, generalmente minivans, iban por una parte de la carga. Por las etiquetas de color que se colocaron desde un inicio, ya se sabía a quien le correspondía este o aquel paquete. Finalmente, un ejército de distribuidores locales estaba listo para recibirla y comenzar su venta onza por onza, gramo por gramo, en las calles.

¿La ganancia final por cada tren? Unos 25 a 30 millones de dólares.

En México el sistema nunca falló. Ni un solo tren fue detenido. Y no es que la autoridad fuera simplemente omisa o estuviera ciega. Es que había una completa colusión, federales y militares organizados, para que los trenes repletos de cocaína llegaran a su destino.

Cocaína y corrupción

La descripción anterior forma parte del testimonio que el narcotraficante Tirso Martínez alias “El Mecánico” o “El futbolista” rindió ayer ante un jurado en Nueva York durante el sexto día de audiencias del juicio por narcotráfico abierto en contra del exsecretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna.

El que los 12 integrantes del jurado conocieran esta historia era muy importante para los fiscales. Aunque Tirso podría ser un narcotraficante promedio, su testimonio como operador en el terreno mostró las enormes cantidades de cocaína que podrían transportarse desde el centro de México hasta el noreste de Nueva York prácticamente sin ser detectados, gracias a la colusión de las autoridades involucradas.

Tres de esos cargamentos, uno descubierto en una bodega en las afueras de Chicago y dos más asegurados en bodegas de Brooklyn y Queens en Nueva York (que para el año en que ocurrieron, 2002 y 2003, fueron decomisos récord) forman parte de la acusación presentada contra García Luna para introducir cocaína a los Estados Unidos. Dicho sea de paso: estos aseguramientos también formaron parte del juicio en contra de “El Chapo” Guzmán.

Aunque Tirso nunca habló con García Luna, su testimonio también ha sido utilizado por los fiscales para contarle al jurado sobre el alto nivel de complicidad que tenían las autoridades en México con el Cártel de Sinaloa. Civiles y militares indistintamente.

Y es que, a pregunta del fiscal que condujo la comparecencia, “El Mecánico” sostuvo que en algunas ocasiones él y sus trabajadores (como les denomina a las personas que le ayudaban a empaquetar y traficar la droga del tren) llegaron a tener bastante miedo de ser descubiertos, sobre todo, cuando los cargamentos de droga eran demasiado grandes.

Por ejemplo, recuerda un momento de particular nerviosismo cuando en una de sus bodegas en México tuvo que almacenar un cargamento de 14 toneladas de cocaína pertenecientes a Ismael “El Mayo” Zambada. La logística fue complicada porque varios camiones tuvieron que acceder al terreno para desmontar los paquetes que, de por sí, ya se sumaban a las tres toneladas que tenía Tirso en preparación para ser guardadas en los carrotanques del tren.

La droga de “El Mayo” no era para subirse en los trenes, sino para almacenarla unos dos o tres días. Pero pasaron semanas sin ser recogida y todos comenzaron a ponerse nerviosos. Ante el temor de alguna rebelión de sus trabajadores, Tirso le habló a su jefe, el capo Vicente Carrillo, para preguntarle cuando recogería “su compadre” (El Mayo) la carga. Esto porque tenía miedo de que les cayera un operativo en cualquier momento.

“Mecánico, ¡ya cálmate! Mi compadre tiene a todos arreglados. Federales, militares a todos. Pocos cabrones he visto que tengan ese tipo de arreglos con todo mundo. A mí me consta…” fueron las palabas de Carrillo a Tirso, según el testimonio de este último ante el jurado.

Martínez sostiene que esta misma versión de las complicidades se la dieron en dos ocasiones más, no solo Carrillo si no otro de sus jefes llamado Alfredo Vázquez. “No te preocupes, los federales y militares trabajan para nosotros”, es lo que le decían.

Tirso supone que esto era cierto porque nunca, por lo menos en los cuatro años que el movió los cargamentos de cocaína en los trenes estos fueron descubiertos, frenados o inspeccionados por autoridad alguna en México. Los cargamentos de Chicago y Nueva York que terminaron decomisados, y que motivaron que Tirso decidiera desistir de este mecanismo de traslado de droga, fueron por investigaciones de la DEA que derivaron en operativos, pero ya en las capitales estadounidenses.

La droga que era transportada en los trenes pertenecía los líderes del Cártel de Sinaloa El Mayo, El Chapo, Vicente Carrillo, entre otros. Tirso agrega que, por su lado, con el paso del tiempo él también consiguió por su cuenta traficar su propia cocaína desde Colombia a través de un sistema de lanchas rápidas que la descargaban generalmente en Chiapas y luego la trasladaban por tierra. Explicó que tenia arreglos con agentes federales en al menos tres estados para que su droga no fuera decomisada y sus rutas estuvieran despejadas.

Por otro lado, los abogados de García Luna trataron de restarle credibilidad y confianza a Tirso ante los ojos del jurado. Para ellos le hicieron varias preguntas en las que evidenciaron que pese a haber traficado toneladas de drogas por años, de haber “inundado” las calles de Estados Unidos con cocaína y crack, y de arriesgar la vida de cientos de jóvenes traficantes en este país, él había recibido una pena mínima de 7 años de cárcel que ya cumplió y ahora están a punto de entregarle una visa de estancia definitiva. Todo gracias a la colaboración que ha brindado al gobierno de los Estados Unidos.

La sensación en la sala de audiencias es que más de uno de los integrantes del jurado hizo una mueca o un movimiento tras escuchar esto. Parece la incomodidad que quisieron infundir los abogados defensores sobre Tirso fue exitosa.

Receso y lo que sigue

La jornada de audiencias de ayer concluyó con el testimonio de cuatro policías y agentes de la DEA que participaron en los operativos en los cuales se consiguió decomisar la droga transportada en los carro tanques. Todos coincidieron en señalar que esos aseguramientos de una a dos toneladas en promedio fueron decomisos record en su momento. Ninguno fue contrainterrogado por los abogados de García Luna.

El juicio ha entrado ahora en un periodo de receso de cuatro días debido a que uno de los jurados no podía asistir a la sesión de este jueves por compromisos previamente pactados, y a que viernes, sábados y domingos serán días de descanso.

El juez Braian Cogan ha convocado a las partes a reanudar el proceso el próximo lunes a las 9:30 de la mañana. De la larga lista de testigos que la Fiscalía pretende presentar en contra de García Luna se presume que podría ser llamado en breve Edgar Veytia, el exfiscal de Nayarit sentenciado en EU a 20 años de prisión, por colaborar con el crimen organizado.

(criminis)

Genaro García Luna, el Secretario de Seguridad durante el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), aún conserva redes de poder en la prensa, en la Fiscalía General de la República (FGR) y en la Secretaría de Seguridad Ciudadana y tiene los “recursos suficientes” para pagar despachos de abogados en México y Estados Unidos, alertó Santiago Nieto Castillo, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

En entrevista con Los Periodistas, programa que se transmite a través del canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire, Nieto Castillo afirmó que la sociedad debe poner especial atención en el juicio de García Luna en Estados Unidos —donde es acusado de recibir sobornos por parte de grupos del crimen organizado— pues personajes que trabajaron con él de manera cercana aún se encuentran vigentes en distintos ámbitos.

Santiago Nieto Castillo es el actual encargado de la Procuraduría General de Justicia del estado de Hidalgo. Foto: Mario Jasso, Cuartoscuro

Santiago Nieto indicó que luego de asumir el puesto al frente de la UIF, tras la llegada del Presidente Andrés Manuel López Obrador al poder, pudo constatar que algunas subprocuradurías de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), ahora FGR, aún están encabezadas por personas que vienen de las administraciones de los expresidentes Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.

“En las secretarias de seguridad y en la Fiscalía General de la República, tenemos personas que estuvieron colaborando con él de forma cercana que se encuentran particularmente en el ámbito federal. El Gobierno del Presidente López Obrador ha encaminado una política de limpieza de las corporaciones de García Luna, pero fue gente que se fue heredando generación tras generación, sexenio tras sexenio”.

Nieto Castillo, quien actualmente se desempeña como encargado de la Procuraduría General de Justicia del estado de Hidalgo, aseguró que la creación de la Guardia Nacional fue una medida del Presidente López Obrador para terminar con los conflictos de la Policía Federal generados por gente vinculada a García Luna.

García Luna durante su etapa como Secretario de Seguridad Pública de Calderón. Foto: SSP vía Cuartoscuro

Santiago Nieto explicó en ese sentido que durante el sexenio de Felipe Calderón, el entonces Procurador Eduardo Medina Mora y Genaro Garcia Luna, tuvieron un enfrentamiento que culminó en la separación de la Policía de Investigación de la PGR, situación que mermó la capacidad operativa de la dependencia.

“El culpable de que no tengamos un sistema fuerte de investigación ministerial es García Luna en el pleito que tuvo con Medina Mora quien se lleva la policía que tenía y deja solo 5 mil efectivos para el país en la Policía Ministerial, esto fue un hecho terrible porque lo que hizo fue cercenar la investigación de los delitos y reducir la capacidad operativa de la entonces PGR por un capricho de naturaleza personal”.

Genaro García Luna no sólo enfrenta acusaciones por vínculos con el narcotráfico, además tiene otros procesos en México ​​por uso indebido de atribuciones, facultades, y asociación delictuosa, así como enriquecimiento ilícito e introducción ilegal de armamento, esto último en relación al caso “Rápido y Furioso”.

A estos señalamientos se suma una demanda civil presentada ​​el 21 septiembre de 2021 en Miami, Florida, por la UIF por daños en contra de 39 empresas y fideicomisos pertenecientes o en los que participaba García Luna o sus allegados, un caso por el cual el Gobierno reclama la devolución de 700 millones de dólares provenientes de contratos públicos ligados a estas compañías.

“Nosotros vamos a procurar recoger el dinero. Es más, hay un juicio, 700 millones de dólares, en Florida, y sus abogados plantearon que no tenía México por qué ir a litigar allá y un juzgado en Florida nos dio la razón. Es decir, sí podemos, y se está trabajando en eso, 700 millones de dólares y otros posibles activos”, indicó el pasado 24 de enero el Presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia mañanera.

Genaro García Luna tiene por lo menos tres causas pendientes en México. Foto: Marco Ugarte, AP, archivo.

Ante esta situación Santiago Nieto confirmó que existen tres procesos diferentes en México. Además, dijo, Pablo Gómez Álvarez, actual titular de la UIF, ya ha presentado los alegatos por el Estado mexicano.

Nieto Castillo mencionó que él fue el que planteó la idea ante el Presidente López Obrador y ante el Canciller Marcelo Ebrard de presentar una demanda para la recuperación de los activos:

“Si vemos más o menos el monto, en la contratación gubernamental estaremos hablando de más de 200 millones de dólares, pero en Estados Unidos, el despacho que contratamos, nos hacía un cálculo junto con las autoridades norteamericanas que había cerca de 200 millones de dólares adicionales que había movido García Luna en Estados Unidos. Se presentó la demanda ante los tribunales de Florida, ellos presentaron un recurso, no les dieron la razón y apelaron”.

El extitular de la UIF aclaró además que César de Castro no es el único abogado que García Luna tiene para enfrentar las causas en su contra, pues aseguró que detrás de él se encuentra un despacho “que opera tanto en México como en Estados Unidos”. Y recalcó que García Luna cuenta con “recursos suficientes”.

“Tiene un despacho que opera tanto en México como en Estados Unidos y que fue el que presentó la denuncia anónima pero eran ellas las únicas personas que tenían conocimiento del contrato y por otro lado han llevado la defensa y han estado compareciendo en el ámbito de la FGR y en el ámbito de la demanda civil en Estado Unidos. Tiene (García Luna) recursos suficientes, México congeló las cuentas tanto de él como de la hermana, de la esposa que estaban vinculados con Black, la empresa que contrató Mancera, también promovieron amparos para que se les descongelaran las cuentas, en la mayoría de los casos los perdieron”.

Genaro García Luna fue el artífice de la guerra contra el narco emprendida por Felipe Calderón Hinojosa. Foto: Nelly Mejía, Cuartoscuro

Como Secretario de Seguridad, García Luna reportó en su declaración patrimonial de inicio ingresos mensuales netos por 160 mil 540 pesos por este cargo, así como dos casas obtenidas por crédito con valores de 862 mil 800 pesos y 2 millones 350 mil pesos, y dos mustang de colección comprados al contado y una Land Rover comprada con un crédito. Para su declaración de conclusión, la última que hay en la plataforma habilitada por la Secretaría de la Función Pública (SFP), ya no aceptó hacer públicos sus datos patrimoniales.

Sin embargo, el diario El País publicó que durante el Gobierno de Peña Nieto, García Luna obtuvo más de 400 millones de dólares de desvíos. Según documentos judiciales a los que tuvo acceso el diario español, el exfuncionario recibió 745.4 millones de dólares a partir de 30 contratos simulados con la Policía Federal, la Secretaría de Gobernación y la Fiscalía de la Ciudad de México entre 2009 y 2018. Este monto, indica el reporte, se deriva de una reciente ampliación de la primera demanda civil presentada por la UIF reclamando las propiedades y activos del exfuncionario en EU.

(Sin Embargo)

Mientras Genaro García Luna, el artífice de la guerra contra el narco de Felipe Calderón, se enfrenta a una condena máxima de cadena perpetua y una mínima de 20 años de prisión en EU, en México tiene distintas causas por diferentes delitos que se castigan hasta con 30 años de cárcel, como es el caso de la introducción ilegal de armamento que se le imputa por su participación en el operativo “Rápido y Furioso”.

Ciudad de México, 26 de enero (SinEmbargo).– Genaro García Luna, el Secretario de Seguridad durante el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), no sólo enfrenta las acusaciones de vínculos con el narcotráfico que lo tienen en un juicio en la Corte del Distrito Este del Estado de Nueva York, en Estados Unidos, además tiene otros procesos en México ​​por uso indebido de atribuciones, facultades, y asociación delictuosa, así como enriquecimiento ilícito e introducción ilegal de armamento, esto último en relación al caso “Rápido y Furioso”.

 A esto se suma la demanda civil presentada ​​el 21 septiembre de 2021 en Miami, Florida, por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por daños en contra de 39 empresas y fideicomisos pertenecientes o en los que participaba García Luna o sus allegados, un caso por el cual el Gobierno reclama la devolución de 700 millones de dólares provenientes de contratos públicos ligados a estas compañías.

García Luna ha sido señalado durante el Juicio que se ha realizado a lo largo de esta semana de haber recibido sobornos del crimen organizado cuando se desempeñaba como el principal artífice de la guerra contra estas organizaciones criminales emprendida en el Gobierno de Calderón, quien no se ha pronunciado sobre estos señalamientos, aún cuando hay evidencia de que durante su sexenio fue alertado por militares, policías y hasta por la Iglesia sobre las actividades irregulares de su “súper policía”, como fue considerado por el exmandatario panista.

Su defensa ha argumentado que la Fiscalía estadounidense no ha presentado pruebas concretas de que García Luna recibiera dinero y tuviera ligas con el crimen organizado, cuestionando, incluso, que los señalamientos provienen de criminales. No obstante, en caso de que García Luna ganara el juicio en EU aún tiene pendientes causas en México, que han valido su solicitud de extradición en dos ocasiones.

En septiembre pasado, en respuesta a la solicitud de información con folio 330026822001894, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dio a conocer que a petición de la Fiscalía General de la República (FGR), la Embajada de México en los Estados Unidos de América ha presentado dos solicitudes de extradición en contra García Luna mediante notas diplomáticas de fechas 6 de diciembre de 2020 y 1 de julio de 2021 por los delitos de enriquecimiento ilícito, uso indebido de atribuciones y facultades, y asociación delictuosa.

Fue en junio pasado, cuando la Fiscalía dio a conocer en un comunicado de prensa, que García Luna tenía en su contra tres órdenes de aprehensión por los delitos de uso indebido de atribuciones y facultades, y asociación delictuosa en relación al Caso Ceferesos, referente a la adjudicación directa de contratos a empresas con sobrecosto para la construcción y mantenimiento de ocho penales federales.

La otra orden de arresto, se informó, es en relación a un presunto enriquecimiento ilícito por al menos 27.3 millones de pesos durante su paso por la hoy extinta Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la Secretaría de Seguridad Pública federal, como reportó Reforma en agosto de 2022. No obstante, en octubre una Jueza federal de la Ciudad de México canceló esta orden de aprehensión. La resolución no implicaría necesariamente una cancelación absoluta del proceso penal, ya que luego de otorgar el amparo presentado frente a la orden de aprehensión, la Jueza habría pedido a la Fiscalía realizar precisiones en la solicitud de captura contra el exfuncionario para determinar si se puede conceder posteriormente.

La tercera causa tiene que ver con el fallido operativo “Rápido y Furioso”, con el cual se introdujeron armas desde Estados Unidos para rastrear a delincuentes, algo que no ocurrió, durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, y que en cambio sirvió para armar a los grupos criminales.

El Código Penal federal establece que en el caso del delito de uso ilícito de atribuciones y facultades se prevén penas de seis meses a doce años de prisión y de treinta a ciento cincuenta días multa.

En lo que respecta al delito de asociación delictuosa, la Ley señala penas de cinco a diez años de prisión y de cien a trescientos días multa, pero cuando el miembro de la asociación sea o haya sido servidor público de alguna corporación policial, como es el caso de García Luna, la pena se aumentará en una mitad y se impondrá, además, la destitución del empleo, cargo o comisión públicos e inhabilitación de uno a cinco años para desempeñar otro.

El enriquecimiento ilícito, establece el Código Penal federal, es castigado a su vez, hasta con 14 años de prisión y con el “decomiso en beneficio del Estado de aquellos bienes cuya procedencia no se logre acreditar”.

Finalmente, la introducción ilegal de armamento —armas, municiones, cartuchos, explosivos y materiales de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, como ocurrió en el operativo “Rápido y Furioso”— es penada en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos con hasta 30 años de prisión.

En tanto, en Estados Unidos se enfrenta a una condena máxima de cadena perpetua y una mínima de 20 años de prisión por cinco cargos criminales federales: cuatro por participar en una conspiración para traficar cocaína y una por hacer declaraciones falsas ante autoridades estadounidenses, como reportó La Jornada.

García Luna era uno de los hombres más cercanos a Calderón. Foto: Guillermo Perea, Cuartoscuro.

GARCÍA LUNA Y “RÁPIDO Y FURIOSO”

Fue hace un año, en enero de 2022, cuando la Fiscalía General obtuvo órdenes de aprehensión contra siete personas, entre ellas Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, Genaro García Luna, y su mano derecha, Luis Cárdenas Palomino por su participación en el operativo “Rápido y Furioso”.

Este operativo se llevó a cabo entre 2009 y 2011, en la segunda mitad del Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, y consistió en el envío de miles de armas ilegales a México, con el permiso del Gobierno del Presidente Barack Obama, para rastrear a los grupos del crimen organizado, algo que no ocurrió y que por el contrario costó vidas de ciudadanos mexicanos como estadounidenses.

Genaro García Luna, Secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, es acusado de la introducción ilegal de armamento . Foto: Iván Stephens, Cuartoscuro

La Fiscalía explicó en ese entonces que las investigaciones desarrolladas por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, permitieron tener “la información necesaria para establecer dicho tráfico ilegal de armas de fuego, que fueron utilizadas en diversos delitos de sangre en el país, desde al año de 2009 hasta fechas recientes”.

Estas armas no solamente fueron introducidas ilegalmente al país, sino que también han sido utilizadas en diversos actos criminales, que ya han sido investigados y procesados en México.

Por ello, el operativo “Rápido y Furioso” ha ganado notoriedad bajo el actual Gobierno mexicano por las críticas al tráfico de armas de origen estadounidense, con las que se cometen el 70 por ciento de los delitos en México, según ha dicho la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ante ello, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha establecido una política para actuar contra el tráfico de armas de Estados Unidos a México.

EL CASO CEFERESOS

En agosto de 2021 se dio a conocer cómo el Gobierno de Calderón con el argumento de un supuesto riesgo a la seguridad pública otorgó por “adjudicación directa”, en 2010, ocho contratos plurianuales a seis empresas privadas para construir y prestar servicios a ocho centros penitenciales en el país durante 22 años, hasta 2032 a razón de 9 mil 3 millones 418 mil pesos por año, como informó en su momento la revista Contra línea

Las investigaciones de la Fiscalía General de la República señalan que la actuación de servidores públicos como García Luna configuraba los delitos penales de fraude genérico, administración fraudulenta, ejercicio ilícito del servicio público y daño patrimonial al Estado mexicano.

Un año después, en junio de 2022, precisaría que la acusación contra el Secretario de Seguridad de Calderón era por los delitos de uso indebido de atribuciones y facultades, y asociación delictuosa. En concreto, la FGR apuntó al posible sobreprecio por 62 mil 840 millones de pesos en las concesiones de ocho prisiones de alta seguridad a empresas privadas.

Genaro García Luna, entonces Secretario de Seguridad Pública, en una imagen del 8 de diciembre de 2011, cuando presentó su libro “El Nuevo Modelo de Seguridad para México” en el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe). Foto: Misael Valtierra, Cuartoscuro

En octubre pasado, el Octavo Tribunal Colegiado Penal de la Ciudad de México instruyó entregarle a Genaro García Luna las copias de esta investigación, según la cual hubo un sobreprecio en la construcción y operación de los Centros Federales de Readaptación Social de Sonora, Oaxaca, Coahuila, Durango, Morelos, Chiapas, Michoacán y Guanajuato.

Estos contratos fueron otorgados en 2010 y 2011 a las empresas ICA, Arendal, Prodemex, GIA, Homex y Tradeco por casi 270 mil millones de pesos para instalar una infraestructura carcelaria con capacidad para 20 mil reclusos, reportó Reforma.

EL PATRIMONIO DE GARCÍA LUNA

Genaro García Luna inició su carrera en las corporaciones de seguridad mexicanas dentro del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) entre 1993 y 1998, en este último año y hasta 2000 fue Coordinador General de Inteligencia para la Prevención de la extinta Policía Federal Preventiva.

El 1 de septiembre de 2001, el entonces Presidente Vicente Fox anunció la creación de la Agencia Federal de Investigación y le confió la dirección de esa corporación a Genaro García Luna, en donde junto a una élite de policías, ahora señalados por corrupción, como es el caso de Luis Cárdenas Palomino, su mano derecha, escaló en 2006, ya en el Gobierno de Calderón, al frente de la Secretaría de Seguridad Pública.

En su último cargo que desempeñó en la administración pública federal, como Secretario de Seguridad, García Luna reportó en su declaración patrimonial de inicio sólo ingresos mensuales netos por 160 mil 540 pesos por este cargo, así como dos casas obtenidas por crédito con valores de 862 mil 800 pesos y 2 millones 350 mil pesos, y dos mustang de colección comprados al contado y una Land Rover comprada con un crédito. Para su declaración de conclusión, la última que hay en la plataforma habilitada por la Secretaría de la Función Pública (SFP), ya no aceptó hacer públicos sus datos patrimoniales.

Ya en el Gobierno de Peña Nieto, como publicó ayer El País, obtuvo más de 400 millones de dólares de desvíos durante el Gobierno de Peña Nieto. Según documentos judiciales a los que tuvo acceso el diario español, García Luna recibió 745.4 millones de dólares a partir de 30 contratos simulados con la Policía Federal, la Secretaría de Gobernación y la Fiscalía de la Ciudad de México entre 2009 y 2018. Este monto, indica el reporte, se deriva de una reciente ampliación de la primera demanda civil presentada por la UIF reclamando las propiedades y activos del exfuncionario en EU.

No obstante, hasta donde se conoce, la FGR sólo tiene acreditado que García Luna tuvo ingresos presumiblemente ilícitos por al menos 27.3 millones de pesos durante su paso por la Agencia de Investigación Criminal y la Secretaría de Seguridad Pública federal, como señaló Reforma en agosto del año pasado.

El mismo reporte indica que entre 2000 y 2012 recibió depósitos bancarios de personas no identificadas por 15 millones de pesos y participó en la compra-venta de al menos cinco inmuebles por 9.7 millones de pesos. También hizo, como apuntó Reforma, pagos no identificados por 2.3 millones de pesos a tarjetas de crédito y adquirió un vehículo de más de 617 mil pesos.

A todas estas acusaciones se suman otras más como los señalamientos que hicieron durante años distintos funcionarios en el Gobierno de Calderón sobre las sospechas que existían en contra de Genaro García Luna por sus vínculos contra el crimen organizado, las cuales, derivaron en persecuciones contra los denunciantes y no en una investigación penal, hasta donde se sabe.

(Sin Embargo)

De acuerdo a un reporte de retornos de activos del banco de inversión Goldman Sachs, bitcoin (BTC) es el activo de mayor rendimiento en lo que va del año 2023. La criptomoneda aparece con una notoria ventaja en apreciación respecto a los principales activos del sector financiero.

Tomado del reporte Weekly Kickstart de Goldman Sachs, la cuenta de Twitter @DocumentingBitcoin publicó este miércoles 25 de enero los retornos absolutos y los retornos ajustados al riesgo de los principales activos. Allí se incluyen el índice MSCI de mercados emergentes, el oro, los índices Nasdaq 100 y S&P 500, así como los bonos del tesoro estadounidense a 10 años, entre otros.

En el cuadro siguiente se muestran los retornos absolutos y los retornos de los 25 principales activos en lo que va de año. Bitcoin muestra un retorno absoluto de 27% en el momento de la publicación de Goldman Sachs, el pasado lunes 23.

Bitcoin lidera en retornos en 2023, entre los principales activos. Fuente: @DocumentingBTC/ Twitter.

Mientras tanto, en un distante segundo lugar aparece el índice MSCI de Mercados Emergentes, con 8%. Este último se asocia con una cesta de acciones de compañías de Arabia Saudita, Brasil, Corea del Sur y China.

El oro aparece en cuarto lugar de mejores retornos en 2023, con 5%, mientras que los bonos del tesoro estadounidense están en octavo lugar, con 4% de rendimiento absoluto en 2023.

Empatados, con un rendimiento de 3% en el año, aparecen Nasdaq 100 y el índice MSCI de países desarrollados, mientras que el índice S&P 500 se ve rezagado en el lugar 18, con sólo 2% de retorno este año.

Rendimientos ajustados al riesgo

Los rendimientos absolutos no son un indicador definitivo de la rentabilidad, si no se toma en cuenta el riesgo asociado a la volatilidad. En el cuadro de Goldman Sachs se muestran también los rendimientos ajustados al riesgo, a través del cociente o ratio de Sharpe. La razón, o ratio de Sharpe, se calcula dividiendo la rentabilidad absoluta entre la volatilidad del activo en un período determinado.

En el caso del período considerado, desde el primero de enero de 2023, la ratio de Sharpe de bitcoin resultó la más elevada de los activos considerados, pese a la alta volatilidad de bitcoin. Dicho resultado es posible, debido a la gran ventaja en rentabilidad absoluta que muestra bitcoin en 2023, de 27%, mientras que el resto de los activos muestran retornos de un solo dígito.

Se aprecia en el cuadro anterior que, pese a ser un activo de riesgo, bitcoin tiene una ratio de Sharpe de 3,1, que es 150% mayor que el del oro y 72% mayor que la ratio de los bonos del tesoro. Cuando la ratio de Sharpe de bitcoin (3,1) se compara con el que corresponde al índice Nasdaq 100 (0,8), representativo de los activos de riesgo tradicionales, se constata que la ratio de bitcoin es 287% mayor. Esto implica que para un inversionista bitcoin aparecería casi cuatro veces más atractivo, pese al riesgo, que Nasdaq 100.

Es importante destacar que, en el momento de la redacción de este artículo, el retorno o apreciación absoluta de bitcoin en 2023 es de 39,8% y su cotización es de USD 23.121. Con el precio en este nivel, bitcoin revirtió la pérdida semanal que registraba este miércoles 25, y muestra cuatro velas verdes semanales consecutivas, con un 2% de apreciación desde el lunes 23. Durante la jornada de este miércoles, bitcoin alcanzó la cotización de USD 23.815, de acuerdo al índice de precios de CriptoNoticias.

(Criptonoticias)

En redes sociales comenzó un movimiento para que, a modo de protesta, la gente no use taxis el 27 de enero.

Esto en respuesta a los últimos sucesos violentos que han protagonizado los chafiretes contra conductores de Uber, a quienes han retenido contra su voluntad, agredido y golpeado.

Las agresiones y violencia, han escalado inclusive contra los usuarios y turistas. Es así que a través de la página Quintana Roo Urbano, se ha dado a conocer esta iniciativa ciudadana para invitar a no usar taxis el 27 de enero.

Y es que en menos de 24 horas, los conductores del servicio de transporte de Cancún agredieron a una familia rusa, a un turista que tomaba un Uber y a un vehículo particular en la avenida Yaxchilán.

Además: Video: Otra contra Uber; detienen a taxistas en Zona Hotelera de Cancún por golpear a turista

Como si fueran policías y atribuyéndose facultades que no les corresponden, detuvieron unidades de particulares, provocando una mala imagen al destino, pues los videos rápidamente se hicieron virales.

Un taxista del sindicato “Andrés Quintana Roo” presuntamente le aventó ácido al automóvil de un ciudadano afuera del hotel Sandos de la Zona Hotelera de esta ciudad, razón por la que fue detenido.