Con casi 80 % del mercado de tecnología solar del planeta, China comunista se niega a socorrer a Cuba ante los apagones interminables que azotan la isla. El grave problema es que Cuba es un mal negocio, incluso para sus socios ideológicos mas cercanos.
China ha prometido pequeñas plantas solares a Cuba de 1 a 5 megavatios. Una cifra ridícula ante la demanda de 3,290MW y el déficit de 1,870MW. Cuba ya tiene una deuda impagable con firmas chinas como Huawei o Yutong. Ni en dos vidas podría pagar los paneles fotovoltaicos que necesita.
Las mentiras de la dictadura
En 2022 el régimen de Cuba prometió al pueblo una revolución energética, incluyendo 700 MW de energía solar, 633MW de eólica y 56MW de hidroeléctrica. Suficiente energía incluso para exportar el excedente. Las plantas jamás se construyeron.
Los apagones en Cuba han sacado a la luz las mentiras del comunismo. Cuba no es un paraíso perdido de salud gratuita y bienestar social. No. Es una isla que se cae a pedazos, con una cúpula militar que lleva 66 años viviendo en riquezas a costa de la miseria del pueblo.
Por primera vez en la historia las importaciones de azúcar superan las exportaciones. El año pasado, las importaciones de los derivados de la azúcar fueron de 36,5 millones de dólares y las exportaciones tan solo alcanzaron los 11,1 millones. Una vergüenza mundial.
El problema no es el falso bloqueo. El régimen cubano maneja toda la economía y la maneja mal. A inicios de 2024 la inflación era de 30 %, la gasolina aumentó 400 % y la leche es hoy un producto de lujo para la gran mayoría. En solo tres años el dólar pasó de 25 a 325 pesos.
El bloqueo hace mucho que no existe
Cuba recibe productos de Canadá, China, España, México, Alemania y una lista interminable de naciones. En 2024 se compró 313,4 millones de dólares en pollo estadounidense. Una cifra récord.
El comunismo nunca produce riqueza, solo fabrica desempleo, hambre y miseria. Cuba pide leche a la ONU, comida a Colombia y Brasil, mientras que de Venezuela y México recibe petróleo. Una confesión escandalosa de su rotundo fracaso.
Los apagones de Cuba ponen en evidencia la miseria comunista de China. La potencia asiática tiene millones para instalar bases espías, entrenar soldados, vender armas y equipos de seguridad, pero no puede garantizar paneles solares en cantidades suficientes para acabar la crisis de la isla. Así funciona el comunismo.
La solidaridad comunista jamás ha servido para nada bueno. China, Rusia y Venezuela no pudieron salvar a Cuba del colapso económico. En los últimos años el país ha sobrevivido gracias a las políticas posteriores a la era de Barack Obama, el relajamiento de sanciones, las remesas y el turismo del imperio que tanto odian pero que tanto necesitan.
FUENTE: TIERRA PURA
Por agosto de 2023, la enfermera Sandie Peggie abrió la puerta del vestuario de mujeres del Hospital Victoria, en Kirkaldy, y vio a un médico transgénero cambiándose. El médico en cuestión se llama Beth Upton y al igual que Peggie trabajaba en el departamento de urgencias, aunque Sandie había sido enfermera allí durante más de 30 años y había utilizado el vestuario desde 2012. Pero frente a la situación actual de tener que compartir un espacio íntimo con un hombre biológico se sentía incómoda y le daba vergüenza.
Un par de meses después, Sandie estaba en el vestuario semidesnuda y volvió a entrar Upton. Una vez más, sintiéndose avergonzada, la enfermera se puso algo que la cubriera y salió al pasillo para esperar a que Upton terminara de usar el vestuario. Fue entonces cuando Sandie informó del caso a su jefe, aunque sus súplicas cayeron en saco roto. Pero días después, en Nochebuena, Sandie volvió a verse forzada a compartir vestuario con Upton, pero para colmo estando solos en el lugar, cosa que la llenó de inseguridad: «Beth empezó a desvestirse y yo traté de evitar mirarlo y giré la cabeza hacia mi casillero», contó luego la enfermera. «Le dije a Beth que me parecía inaceptable que él estuviera en el vestuario femenino y le dije que me sentía avergonzada e intimidada y que no creía que él debiera estar allí. Beth me informó de que él tenía tanto derecho a estar allí como yo. Le dije que eso no era cierto y que si hubiera querido cambiarme delante de un hombre habría ido a los vestuarios masculinos».
Por este incidente de Nochebuena, Peggie recibió una denuncia por acoso e intimidación contra ella y en el hospital se habló de denunciarla por «intromisión en el género», y, aunque decidieron no hacerlo, el Sistema Nacional de Salud (NHS), suspendió a Peggie en enero de 2024. Fue entonces cuando Sandie Peggie llevó su caso a los tribunales.
El caso se está tratando en el marco de la Ley de Igualdad de 2010, en la que «hombre» y «mujer» son términos basados en el sexo, aunque actualmente está pendiente la decision de los tribunales sobre si la obtención de un certificado de reconocimiento de género modifica el significado de «sexo». Pero si esto se modifica, las leyes que garantizaban espacios separados para cada sexo carecerán de sentido si el significado de «sexo» se puede cambiar a voluntad.
Sandie afirma que, según la Ley de Igualdad, obligarla a estar desnuda junto a Upton, constituye acoso ilegal. NHS rechaza su afirmación que considera, además, vejatoria. Este caso ilustra cómo se ha socavado la interpretación legal de los derechos.
El caso se ha vuelto viral en Gran Bretaña. J. K. Rowling se solidarizó con la enfermera desplazada y escribió numerosos posteos en su defensa, expresando que: «Todo empieza con pronombres, una pequeña mentira piadosa. Y termina, con demasiada frecuencia, con mujeres obligadas a abandonar derechos por los que nuestras antepasadas lucharon y que nunca soñaron que les serían arrebatados una vez ganados». Llegó a sugerir que se despidiera a toda la junta directiva del NHS local por el caso.
Rowling, Navratilova y algunas pocas celebridades valientes más se han atrevido a romper la hegemonía discursiva woke, empujadas por las injusticias, cancelaciones y contradicciones que esta alocada ideología impone sobre las mujeres que no se someten al dogma de género. Al ver a una mujer siendo interrogada en un tribunal por no haber sido lo suficientemente sumisa con los mandatos woke, y siendo acosada por un colectivo poderoso y por el aparato estatal, tiene sentido que sientan la injusticia como una afrenta personal.
El caso Sandie Peggie es uno más en la larga lista de atropellos a los límites a la intimidad y a la privacidad en nombre de una agenda divisoria que es regresiva respecto de los derechos de las mujeres. El caso expone también temas más amplios en torno a la colonización que la cultura woke ha hecho de las instituciones. El NHS, que debería basarse en criterios estrictamente científicos y de servicio público, se dedica en cambio a operar sobre la base de la «autoidentificación» y la agenda queer lo que hace que alguien como Sandie Peggie, que sólo quería poder cambiarse en el vestuario sin tener que compartir desnudeces ni intimidades con varones, sea tratada de transfóbica. Concretamente el NHS promueve los reclamos del colectivo transgénero por encima de los de los demás.
En el Reino Unido, los servicios de salud del NHS están colapsados y las listas de espera son kafkianas. Pero mientras que los departamentos de urgencias tienen dificultades para satisfacer el volumen de pacientes, sus directivos suspenden a una enfermera de urgencias con 30 años de experiencia y un historial intachable simplemente porque se atrevió a cuestionar el dogma de la autopercepción. El NHS financia, además, el juicio que se está llevando a cabo en su contra con el dinero de los contribuyentes e incumple con la orden judicial de presentación de documentos, lo que ha obligado a graves demoras en perjuicio de Sandie que está suspendida y se costea a los abogados sola.
Una vez comenzadas las audiencias del juicio, tanto el NHS como Upton presionaron para que el caso se llevara a cabo en privado para proteger a Upton. Curiosamente, cuando les conviene, tanto el Gobierno como Upton, sí reconocen el concepto de «intimidad». Pero la argumentación de quienes llevan la defensa de Peggie respondió, con éxito, que «los vestuarios son un lugar donde esperamos privacidad», pero «los juzgados no». De manera tal que el caso es público y ha sido seguido con mucha atención por el público en general.
Upton se ha quejado del interrogatorio de tres jornadas que le pareció «horrendo» debido al lenguaje empleado. Lo que ocurrió es que el juez dictaminó que Peggie podía referirse a Upton como «él». Abundaron los tensos intercambios en el tribunal, particularmente cuando Naomi Cunningham, la abogada de Peggie, preguntó a Upton: «Usted dice que es una mujer trans. ¿De ahí se deduce que no es una persona con un cuerpo biológicamente femenino?». A lo que el Dr. Upton respondió: «El término biológicamente femenino o biológicamente masculino es completamente nebuloso. No tiene un significado definido o acordado en la ciencia, hasta donde yo sé. No soy un robot, por lo tanto soy biológica y mi identidad es femenina. Sin querer apelar demasiado al diccionario, soy biológicamente femenina».
El público británico ha escuchado de primera mano estas argumentaciones y tiene ahora un ejemplo claro de las consecuencias de la implementación de la ideología de la identidad de género en la administración pública. La ideología woke ha envenenado todas las instituciones sociales, incluyendo la justicia y la medicina, con un dogma que niega la ciencia y la lógica más elemental.
Pero es destacable cómo se ha invadido una institución que originalmente tenía por misión la defensa de los trabajadores de clase baja y sin recursos o padrinos políticos; hablamos de los sindicatos. Y es que una característica notable en el caso Peggie es el silencio de los sindicatos de enfermería, donde los derechos de las enfermeras no ocupan un lugar en la lista de prioridades.
Recientemente, y con un giro irónico del destino, el sindicato más grande del Reino Unido, Unison, celebró la Conferencia nacional de mujeres en Edimburgo con el caso Peggie en curso, y la primera moción que se debatió era para exigir al Gobierno que introdujera oficialmente la autoidentificación como validación de identidad. «Las mujeres trans son mujeres», se lee en la moción, que critica a las trabajadoras que piden espacios exclusivos para mujeres, calificándolas como «reaccionarias».
Tampoco la justicia ha sido inmune al dogma identitarista. Los abogados de NHS junto con los del Dr. Upton le pidieron al juez dictara una orden que impidiera a Peggie referirse al médico trans con pronombres masculinos porque afirmaban que era acoso ilegal. El juez se negó, diciendo que cada parte debería «estar en posición de argumentar el caso de la manera que considere adecuada», pero advirtió que el uso del pronombre podría clasificarse como acoso si se utiliza «de manera gratuita y ofensiva de forma reiterada». ¿Con qué grado de objetividad podría medirse semejante cosa?
El caso de Sandie Peggie desnuda lo que le ha ocurrido a muchas mujeres atrapadas en las contradicciones de la teoría queer en los últimos años. Como dice Rowling, lo que empezó con unas pequeñas concesiones condescendientes, terminó acosando a las mujeres reales como ha ocurrido con el deporte femenino y con tantos otros casos. Es una experiencia frustrante y opresiva que a estas mujeres las obliguen a negar la realidad que ven sus ojos, y se les niegan sus derechos a la privacidad, la dignidad, la seguridad y la igualdad ante la ley, porque una minoría de hombres lo exige. Cuando la verdad está en juego, es crucial eliminar toda argumentación superflua y los “sentimientos” que dicha verdad pueda causar.
Hay quienes creen que la ideología woke está en retirada, y esto no es así. La intensiva invasión institucional de esta ideología hace que siga viva y coleando, pero si la gente de a pie, que padece sus dictados, está mostrando síntomas de hartazgo, es gracias a la valentía de gente como Sandie Peggie, que se han atrevido a desafiar los resultados de políticas tan desquiciadas como nocivas. Tras largos días de audiencias, se aplazó el proceso judicial. Se espera que se reanude recién en julio. Mientras tanto, Sandie Peggie sigue esperando justicia.
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«Esperamos que aproximadamente 5.400 trabajadores en período de prueba sean liberados a partir de la próxima semana como parte de este esfuerzo inicial, después de lo cual implementaremos una congelación de contrataciones mientras realizamos un análisis más profundo de nuestras necesidades de personal, cumpliendo como siempre con todas las leyes aplicables», comunicó Darin Selnick, quien desempeña las funciones de subsecretario de Defensa para personal y preparación.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, le ordenó a las fuerzas armadas identificar USD 50.000 millones en programas recortables para el próximo año fiscal con el fin de redirigir esos fondos a las prioridades del presidente Donald Trump.
La reducción propuesta equivale a aproximadamente 8% del presupuesto militar y busca eliminar lo que la administración considera gasto innecesario, incluyendo programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) y proyectos relacionados con el cambio climático.
Hegseth manifestó su intención de reorientar el gasto del Pentágono para apoyar más directamente a las fuerzas militares en combate.
En un comunicado emitido el miércoles por la noche, Robert Salesses, quien desempeña funciones como subsecretario de Defensa, afirmó que “el tiempo de preparación ha terminado” y que el departamento enfocará los recortes en “excesiva burocracia, programas dirigidos al cambio climático y otras iniciativas ‘woke’”.
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En un comunicado oficial, la compañía con sede en Cupertino confirmó que los nuevos usuarios en territorio británico no podrán habilitar esta opción de seguridad, mientras que aquellos que ya la utilizan deberán desactivarla en un futuro próximo.
“Nos entristece profundamente tener que retirar la Protección Avanzada de Datos en el Reino Unido, especialmente en un momento en que la seguridad digital es más crucial que nunca”, señaló Apple en su comunicado. La empresa reiteró su compromiso con la privacidad y la seguridad de sus usuarios, asegurando que seguirá buscando formas de brindar protección avanzada a sus clientes en todo el mundo.
La decisión de Apple llega tras una petición formal del Ministerio del Interior británico, que a través de un «aviso de capacidad técnica confidencial» solicitó acceso a datos almacenados en la nube bajo la Ley de Poderes de Investigación. Según el Gobierno, la medida busca garantizar la recopilación de pruebas en investigaciones criminales.
Defensores de la privacidad argumentan que el debilitamiento del cifrado podría exponer los datos de los usuarios a amenazas externas.
Por el momento, Apple no ha especificado si esta medida podría extenderse a otros países ni si se encuentra explorando vías legales para impugnar la exigencia del Reino Unido. Sin embargo, la compañía dejó abierta la posibilidad de restablecer la función en el futuro si las circunstancias lo permiten.
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Los hechos ocurrieron durante la madrugada del 13 de febrero, cuando hombres armados irrumpieron en la aldea de Mayba, ordenando a los residentes abandonar sus hogares bajo amenaza de muerte. En el primer asalto, al menos 20 personas fueron tomadas como rehenes. Horas más tarde, cuando los habitantes intentaron organizar un rescate, los atacantes regresaron, capturando a otras 50 personas más.
Las víctimas fueron trasladadas a una iglesia en Kasanga, donde los secuestradores llevaron a cabo la ejecución masiva. Según informaron fuentes locales, los cuerpos de las 70 personas decapitadas permanecieron en el templo durante días debido a la inseguridad en la zona, lo que ha impedido que se realicen entierros en condiciones dignas.
Desplazamiento forzado y crisis humanitaria
Este acto atroz ha provocado una oleada de desplazamientos en la región. Iglesias, escuelas y centros de salud han cerrado por temor a nuevos ataques, mientras cientos de cristianos huyen hacia áreas más seguras. Las organizaciones humanitarias han alertado sobre la creciente crisis que afecta a miles de familias desplazadas en Kivu del Norte.
Las Fuerzas Democráticas Aliadas: una amenaza persistente
Las ADF, conocidas por su extrema violencia, son consideradas uno de los grupos armados más letales en el este del Congo. Activas desde la década de 1990, las milicias han intensificado sus ataques desde 2014, especialmente en las provincias de Kivu del Norte e Ituri. Se estima que solo en el último mes han asesinado a más de 200 personas en la región de Baswagha.
Pese a los esfuerzos del gobierno congoleño y las fuerzas internacionales por contener su avance, la influencia de las ADF sigue creciendo, alimentada por vínculos con el Estado Islámico y el control de rutas de tráfico ilegal en la región.
Condena internacional
Organismos internacionales y líderes religiosos han condenado enérgicamente la masacre, exigiendo una respuesta contundente por parte de las autoridades congoleñas y la comunidad internacional. Sin embargo, la compleja situación en el este del Congo, donde operan múltiples grupos rebeldes, continúa dificultando la restauración de la paz en una región que lleva décadas sumida en la violencia.
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Nicolás Maduro quiere su propia Constitución para adaptar la estructura política, económica y territorial de Venezuela a sus intereses. Su idea es lograr una “actualización progresista de todos los postulados” de la normativa que dejó su fallecido antecesor, Hugo Chávez. Eso vocifera, aunque el objetivo sea otro.
Por ahora, Maduro insiste en que la Carta Magna aprobada en 1999 huele a pasado argumentando que necesita una normativa “modernidad”, la cual incluya nuevas divisiones territoriales denominadas “comunas” (rechazadas en la primera reforma constitucional del 2007), así como también mayor regulación de las plataformas digitales e interacción social, sumado al establecimiento de otro modelo económico en el país, su pretensión apesta a estrategia política para intentar potenciar su fraudulenta juramentación en Miraflores.
Varias señales apuntan en esa dirección. Basta con hurgar un poco en el pasado del chavismo, hacer memoria y comparar. Si bien Maduro presume hoy de la entrega de un proyecto que contempla cambios en 80 artículos, que requieren, de partida, el apoyo de dos tercios de los legisladores de la Asamblea Nacional chavista para comenzar un proceso de consulta pública de 30 días antes de convocar a un posible referéndum, el impulso de la iniciativa a menos de dos meses de su ilegítima autoproclamación como presidente refleja el cálculo premeditado de una nueva jornada comicial que servirá a su macabra intención de atornillarse seis años más en Miraflores.
El plan listo
Se ve muy claro. Maduro busca repetir el panorama de Chávez de 2007 cuando, tras perder el referéndum constitucional, ni siquiera esperó los cómputos finales para aceptar el revés electoral en cadena de radio y televisión. Allí manifestó a los dirigentes de la campaña por el “No” su disposición a acatar los resultados. La oposición —siempre ingenua y torpe— saludó la actitud de Chávez, llamó a la reconciliación y lo reconocieron en ejercicio hasta 2012. Eso es todo lo que necesita hoy Maduro: perder para ganar. Y ya lo gestiona.
Asumir una derrota en las urnas sin arriesgar el sillón presidencial equivale a un baño de falsa legitimidad en el momento de más debilidad de la dictadura. En el olvido parece quedar la presión internacional, la indignación de los electores y el reclamo en las calles por su descarado fraude en las elecciones del 28 de julio.
Las condiciones están a favor para ejecutar el plan que le permitirá, una vez más, limpiar la imagen de la dictadura. Por un lado, un grupo que forma parte de la denominada Plataforma de la Unidad Democrática (PUD) está dispuesta a participar en las elecciones parlamentarias y regionales del próximo 25 de mayo. Con ello andando, el régimen designó una comisión con sus figuras claves para revisar el proyecto de reforma constitucional.
Desde ahora, el fiscal general, Tarek William Saab; la vicepresidente, Delcy Rodríguez; hasta la esposa de Maduro, Cilia Flores; trabajarán para sacar el documento adelante junto al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez; y el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Elvis Amoroso.
En un plazo de 90 días, el cual vence a finales de mayo, presentarán las modificaciones sobre los cuatro aspectos claves que incluye la reforma.
Un sexto poder
Si bien el sistema venezolano lo constituyen cinco poderes (Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Electoral y Ciudadano), ahora Maduro propone en su reforma agregar el “poder comunal” para asignar mayor protagonismo a las organizaciones locales y colectivos afines al chavismo en la toma de decisiones del régimen. La pretensión luce rebuscada cuando en la Constitución de 1999 que impulsó Chávez hay, al menos, 70 artículos que promueven la participación ciudadana.
Además, el cambio de Maduro implicaría un gran giro si se tiene en cuenta que desde el Título III, capítulo I, artículo 19 hasta el capítulo X artículo 135, los derechos, garantías, deberes u otras acepciones jurídicas ampara a las personas sólo desde la perspectiva individual y no como un colectivo, pese a que existen 45000 consejos comunales.
En su momento, las comunas se concibieron como la base estructural de la “nueva geometría del poder” y del llamado “Estado Comunal” en la reforma del 2006 que planteaba Hugo Chávez. Aunque ya existían los Consejos Comunales regulados por una ley promulgada ese año, esta votación buscaba elevar las comunas a un nivel constitucional, otorgándoles un rol central en la organización política y social.
En aquel entonces, Chávez describió las comunas como “células” del sistema socialista, formadas por comunidades organizadas que, a su vez, eran la unidad básica del poder popular. En un discurso de 2009, las comparó con células biológicas que debían “ramificarse” y “articularse” para formar un cuerpo mayor: el Estado Comunal.
Represión con penalización
La nueva reforma que promueve Maduro también apunta a mayor represión al penalizar cualquier expresión “fascista o nazista” que surja en la nación. Aunque sobre este punto aún se desconocen los detalles sobre qué acciones se tipificarán como parte de estas definiciones, la intención es sancionar de forma severa cualquier movimiento o personalidad que disienta del régimen. Ya por terrorismo o conspiración se imponen 30 años.
El proyecto de “Ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares” impulsado por el Gobierno de Nicolás Maduro tendría este martes otro capítulo en una debate anunciado por la Asamblea Nacional de Venezuela, en medio de la incertidumbre post electoral y las denuncias internacionales de detenciones arbitrarias y presuntas violaciones a los derechos humanos.
La propuesta de ley —conformada por 30 artículos— contempla diversas sanciones para quienes realicen actos que las autoridades consideren fascistas, neofascistas o parecidos. Estas sanciones podrían ser penales (años de prisión), administrativas (multas) o implicar la disolución de organizaciones.
Regulación digital
El proyecto de reforma de Maduro incluye diez artículos relacionados con las operaciones de la tecnología, inteligencia artificial y las redes sociales, que buscan establecer un mayor control sobre la comunicación digital en Venezuela para profundizar la hegemonía mediática que mantiene el chavismo desde 2023, la cual ya suma 403 medios cerrados desde 2003.
La persecución que ahora va al terreno digital, enfatizándose en las redes sociales, ha recrudecido desde que Nicolás Maduro señalara a WhatsApp e Instagram, así como a TikTok como instrumentos “multiplicadores del odio y el fascismo” en el país.
Otro modelo económico
La reforma de Maduro enfoca su contenido en el establecimiento de un modelo económico “autosuficiente y diversificado”, aunque no explicó cómo se implementaría adelantó que incluirían ajustes en el marco jurídico del país cuando las estimaciones para el cierre del 2025 apuntan a una inflación cercana al 85 %, como consecuencia de la volatilidad cambiaria en Venezuela.
El dictador juega con fuego y puede quemarse. A Chávez le pasó. Aunque el mandatario confiaba en sus nueve años en el poder para ganar un referéndum constitucional, sus cálculos políticos le fallaron y sufrió su primer revés en las urnas. El “No” alcanzó el 50,7 %, de los votos en una jornada marcada por una abstención de 44 %.
FUENTE: TIERRA PURA