La operación de la planta tratadora de aguas residuales del parque industrial Puebla 2000, construida en 2004 por el empresario Kamel Nacif y que hoy maneja la empresa Acuapue, ha generado un adeudo para el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP) de 118 millones de pesos que se pretende aumentar en 50 por ciento, según documentación en poder de La Jornada de Oriente.
Pese a que diversas inspecciones a lo largo de su historia han confirmado un funcionamiento irregular que propicia la contaminación del río Alseseca de la ciudad de Puebla, el director del SOAPAP, Gustavo Gaytán Alcaraz, aceptó de la compañía un plan de inversión de 58 millones de pesos, a fin de que mejore su funcionamiento, pero el organismo público se comprometió a reembolsarlo, aumentando con ello la deuda a 176 millones.
Destacar dos partes del documento: “saldo por cubrir a favor del concesionario de 54.6 mdp” y “plazo para amortizar el actual capital pendiente más el nuevo adeudo del plan de inversión… llegará a su término aproximadamente en el ejercicio fiscal y presupuestal 2040”.
Pablo Loreto López, especialista en vigilancia ambiental que fue asesor técnico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), aseguró en entrevista con La Jornada de Oriente que corroboró la mala operación de la planta en una visita efectuada en abril de 2023.
Debido a que el Congreso de Puebla tiene la obligación de avalar o rechazar lo convenido por Gustavo Gaytán, hizo un llamado a los diputados a verificar los alcances del acuerdo, pues alertó que sería un error permitir que el Soapap absorba como deuda una inversión que Acuapue está obligada a realizar.
La planta tratadora que actualmente brinda servicio a los parques industriales Puebla 2000, Chachapa y La Resurrección, así como a tres polígonos de la zona habitacional adyacente al primero, fue construida en 2004 por Kamel Nacif, dos años antes de verse involucrado en la detención y tortura de la periodista Lydia Cacho que lo hizo huir a Líbano desde 2019.
De acuerdo con una investigación periodística que retomó La Jornada de Oriente en 2007, el empresario textilero invirtió 80.8 millones de pesos en la edificación y operó hasta 2006 sin permisos del ayuntamiento de Puebla, la Conagua, el Soapap, la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
https://www.lajornadadeoriente.com.mx/2007/03/27/puebla/ecl303.php
La Profepa clausuró la planta el 14 de mayo de 2005, tras múltiples quejas de la población que habitaba en los alrededores, por la presencia de olores fétidos.
“Los olores generados al interior de la planta (…) se debieron básicamente al manejo inadecuado de los lodos producidos por el proceso físico químico (…) el tratamiento de los mismos con los procesos de digestión aeróbica y deshidratación de lodos no operaban adecuadamente por problemas de diseño”, concluyó la Gerencia de Saneamiento del Soapap en un análisis que realizó de esa clausura, fechado el 28 de enero de 2013, del que este medio de comunicación tiene copia.
Acuapue entró a escena el 7 de junio de 2010, al ganar un título de concesión emitido por el Soapap para reactivar la planta tratadora, a fin de que se encargara de su rehabilitación, mantenimiento y operación durante 20 años que concluirían en 2030.
Sobre el funcionamiento de Acuapue, La Jornada de Oriente tiene en su poder documentación de la Gerencia de Saneamiento del SOAPAP emitida en 2013 en la que se da cuenta de diversas sugerencias realizadas a la empresa, para abatir “posibles problemas ambientales en el entorno del sistema de tratamiento”, motivados principalmente en que el diseño del digestor que dispone la planta “resulta menor para el volumen de lodos producidos”.
Una década después el problema con el manejo de lodos continua, de acuerdo con la inspección que realizó en abril de 2023 Pablo Loreto, actual integrante Colectiva por el Bienestar Social, organización que lucha por el adecuado tratamiento de las aguas residuales en la capital poblana.
El especialista señaló que en esa visita verificó un manejo de lodos tóxicos bajo condiciones que incumplían la regulación en materia de residuos peligrosos, así como una operación de la planta a menos de la mitad de su capacidad, por lo que las aguas se vierten al Alseseca sin un tratamiento correcto.
Cinco meses después de que diversos medios de comunicación del estado dieron cuenta de las condiciones en las que opera la planta tratadora de Acuapue, el director del SOAPAP, Gustavo Gaytán, y el administrador único de la firma, Luis Ángel Casas Arellano, firmaron una ampliación de la concesión el 28 de septiembre pasado, para prorrogarla por lo menos al 2040.
Cuando faltaban siete años para que concluyera la relación contractual, la compañía justificó su continuidad en un programa de inversión por 58 millones de pesos que –argumentó– le permitirá cumplir la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-2021, que desde abril de 2023 endureció los límites permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales.
Aunque en la cláusula cuarta del convenio modificatorio se señala que Acuapue aportará la inversión de 58 millones de pesos, en la sexta se precisa que el SOAPAP reconoció ese monto como un “nuevo adeudo”, es decir, un “saldo a cubrir a favor del concesionario”.
En caso de que el Congreso apruebe el convenio modificatorio, los 58 millones de pasivos se sumarán a los 54.6 millones de pesos que el SOAPAP todavía adeuda a la compañía por los 20 años de funcionamiento.
De acuerdo con el convenio modificatorio del título de concesión, el SOAPAP paga el adeudo a Acuapue con el cobro de tarifas a los usuarios del servicio de saneamiento que brinda, cobro del que es responsable la empresa Agua de Puebla, quien recibió en concesión los servicios de agua potable, alcantarillado, drenaje y tratamiento de aguas residuales de la capital y algunas colonias de los municipios conurbados desde 2014.
Aunque Gustavo Gaytán informó al Congreso que la ampliación de la concesión de Acuapue sería “por 10 años”, según el resumen que se leyó en la Comisión de Hacienda del 23 de agosto pasado –donde se dio entrada a la solicitud de autorización–, el convenio modificatorio abre la puerta a que ese periodo sea mayor y la relación contractual vaya más allá de 2040.
El plazo podría ampliarse porque la clausula sexta sobre la amortización de la inversión especifica que el término de una década es aproximado, ya que el título de concesión llegará a su conclusión hasta que “el capital pendiente de pago sea amortizado”.
Las acciones que contempla el programa de inversión se dividen en dos: la construcción de tres colectores denominados 18 de noviembre, La Ciénega y Ampliación Chachapa, en un periodo de seis meses; así como la adecuación y reingeniería de la Planta de Tratamiento “Acuapue” –localizada sobre la carretera a La Resurrección–, con una duración de 33 meses.
Pablo Loreto advirtió que sería un error permitir que el Soapap absorba como deuda una inversión que Acuapue está obligada a realizar, por lo que la primera obligación del Congreso en el análisis del tema es verificar esa situación para impedirla.
“Cuando entra en vigor la nueva norma (NOM-001-SEMARNAT-2021), sí es más restringida, pero señala que los títulos de concesión se deben adecuar a las nuevas condiciones, para eso es el concesionamiento”, explicó.
Agregó que la obligación de cumplir con la norma forma parte del título de concesión, motivo por el cual las inversiones tendrían a lo sumo que repercutir en la tarifa de los usuarios, pero no pueden convertirse en deuda pública.
Consideró incorrecta la visión del SOAPAP de facilitar a la compañía el cumplimiento de sus responsabilidades, máxime cuando la firma ha sido “fraudulenta” por no sanear el agua contaminada que se descarga al río Alseseca.
FUENTE: LA JORNADA
Diputadosde los tres partidos opositores (PRI, PAN y PRD) del Congreso de la Ciudad de México aplicaron un salto estilo ‘chapulín’ y se pasaron a último minuto hacia la bancada de Morena, dándole así la mayoría calificada a la Cuarta Transformación.
Pues durante la primera sesión del Congreso capitalino, las diputadas Silvia Sánchez Barrios del PRI, Nora Arias del PRD y Luis Chávez del PAN, se dio a conocer la adhesión de los tres legisladores a las decisiones que tome Morena.
La coordinadora de la bancada, Xóchitl Bravo, informó en conferencia de prensa que en lugar de 43 diputados, iban a ser 46 que estarían del lado de la 'transformación': “De este lado vamos a avanzar más, eso es lo primordial para mí”, señaló la expriista acompañada de los morenistas.
Por su parte Nora Arias, presidenta local del partido, se mantendrá en el sol Azteca como coordinadora de la bancada del PRD, pero dijo que acompañará las decisiones que se tomen dentro de la bancada morenista y negó cometer traición.
“Como izquierda vamos a acompañar lo que le ayude a los ciudadanos, estamos obligados todos los legisladores a coordinarnos (...) ¿por qué va a ser traición?”, señaló a medios de comunicación la perredista.
Luis Chávez, agradeció la incorporación y dijo que se debía buscar la unidad y las coincidencias, comprometiéndose a “poner su granito de arena para construir la mejor agenda legislativa”, para la CDMX que gobernará Clara Brugada.
De este modo el PRI queda con 2 integrantes, el PAN 15, el PRD 2 y MC con 3 integrantes.
FUENTE: POLITICO.MX
Con el objetivo de realizar una transición municipal clara, ordenada y transparente que garantice a las y los ciudadanos que los servicios continúen sin contratiempos, Cecilia Patrón Laviada y Alejandro Ruz Castro, alcaldes entrante y saliente, encabezaron la instalación de la Comisión de Entrega-Recepción en el Ayuntamiento de Mérida.
“Quienes participamos del servicio público sabemos que los gobernantes cambian, pero el gobierno y sus servicios deben continuar sin afectaciones a la gente. Esa será nuestra prioridad, durante este proceso y durante toda nuestra administración”, resaltó Cecilia Patrón.
“Venimos con mucho entusiasmo y responsabilidad. Estamos a cinco días de nuestra toma de protesta y a seis días del inicio de la nueva administración que trabajará con energía y dedicación en beneficio de todas y todos los meridanos”, añadió.
Por su parte, el Alcalde Alejandro Ruz Castro destacó la importancia de esta comisión para el futuro de la ciudad, porque garantiza la transparencia, la rendición de cuentas y, lo más importante, la continuación de los servicios, los programas y la atención a las y los meridanos en el proceso de transición.
“Cada uno de nosotros tiene el honroso compromiso de representar los más altos intereses de Mérida para seguir siendo una ciudad que marca la pauta en diversos aspectos sociales, culturales y económicos, los cuales nos han hecho un municipio innovador y próspero”, expresó.
Asimismo, señaló que la comisión trabajará de manera conjunta para asegurar una transición exitosa y pacífica, beneficiando a la ciudad y sus habitantes, asegurando que la administración entrante tendrá toda la información necesaria para cumplir con la encomienda que recibieron.
La actual contralora Martha Elena Gómez Néchar explicó que el proceso tuvo tres etapas que comenzaron con el momento de preparación que incluyó la integración, revisión y registro de la información.
En la segunda fase, que es la informativa, se nombró un equipo de transición por ambas partes para conocer el estado de la administración.
Finalmente, en esta sesión comienza la formalización en la que se suscriben las actas de entrega-recepción de los servidores públicos obligados y que culminará el próximo 30 de agosto con la firma del documento constitucional a cargo de los alcaldes entrante y saliente.
Forman parte de la Comisión de Entrega-Recepción representantes de la sociedad civil, así como integrantes del actual y del próximo Cabildo, y funcionarios del Ayuntamiento 2021-2024.
En un ejercicio inédito que se enmarca en la nueva Ley para regular los Actos y Procesos de Entrega-Recepción de la Administración Pública estatal, promovida por el Gobernador Mauricio Vila Dosal, se realizó la instalación de la Comisión de Transición, encabezada por la titular de la Secretaría General de Gobierno (SGG), María Dolores Fritz Sierra y el Gobernador electo Joaquín Díaz Mena.
En evento celebrado en el Salón de los Retratos del Palacio de Gobierno, Fritz Sierra, junto con Díaz Mena, tomaron protesta a los integrantes de la Comisión de Transición, tanto de la administración saliente, como la entrante, cuya presidenta es Lizbeth Basto Avilés, quien es la actual titular de la Secretaría de la Contraloría General del estado.
Al reconocer la disposición de todos los funcionarios de la administración pública para llevar a cabo el proceso de transición, el Gobernador electo destacó que el lema de su gestión será Renacimiento Maya, cuyo fin no es empezar de cero, sino de aprovechar lo avanzado para seguir construyendo las bases para el desarrollo de nuestro estado.
“Renacimiento Maya significa que los mejores años para Yucatán serán los próximos 6, 12, 18 años, y nos toca continuar una labor en pro de los que menos tienen y, sobre todo, buscar que haya bienestar para las familias de Yucatán”, aseveró Díaz Mena.
En su turno, la titular de la SGG recordó que, por primera vez en la historia, este proceso se enmarca en Ley para regular los Actos y Procesos de Entrega-Recepción de la Administración Pública estatal, promovida en este sexenio y cuya publicación en el Diario Oficial del Gobierno del Estado fue el pasado 26 de septiembre del pasado año de 2023.
“Ley que prevé la instauración de un mecanismo no previsto hasta entonces en ley alguna; y que, atendiendo a su evidente importancia, se aboca a la regulación de los procedimientos de entrega-recepción a los que deberán ajustarse los integrantes de la administración pública estatal”, destacó.
Fritz Sierra reiteró que esto permitirá una transición que es y que será parte de las buenas prácticas de gobierno, promotoras indudables de la transparencia, y siempre apegadas a la legalidad y a la certeza jurídica en el ejercicio y destino del presupuesto público.
Durante la sesión, se presentó el calendario oficial de las sesiones informativas, cuya primera reunión, con el tema gobernanza, iniciará el próximo 2 de septiembre; posteriormente, se realizará la mesa de salud; administración y finanzas; política social; infraestructura; desarrollo económico y educación y cultura.
En este encuentro estuvieron presentes, por la administración saliente, Melba María Poot Ruiz, secretaria técnica de la Comisión de Transición; Roberto Suárez Coldwell, Mauricio Sauri Vivas, Yussif Dionel Heredia Fritz y Jorge Luis Avilés Lizama, como comisionados titulares.
Además de José Carlos Puerto Patrón, Lucy Carolina Guillermo Alcocer, Amílcar de Jesús Ac Canché y Carlos Antonio Encalada Lizárraga como comisionados suplentes.
Por parte de la administración entrante, estuvieron presentes Omar David Pérez Avilés comisionado y representante común de los comisionados; Dafne David López Martínez, Shirley Edith Castillo Sánchez, como comisionados titulares. También Luis Antonio Hevia Jiménez, Edgardo Gilberto Medina Rodríguez, Lila Rosa Frías Castillo y Janine Patricia Quijano Tapia como comisionados suplentes.
Como testigos de este acto y parte de la sociedad civil, acudieron al encuentro, Carlos Alberto Estrada Pinto, rector de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), María Gilda Segovia Chab, presidenta del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Inaip); Amenoffis Acosta Ríos, representante del sector empresarial y Hugo Wilbert Evia Bolio Notario Público Número 69.
Un estudio explosivo finalmente ha confirmado que las inyecciones de ARNm de Covid son la única causa de un aumento global sin precedentes de insuficiencia cardíaca entre los niños.
El estudio desmiente afirmaciones anteriores de los medios corporativos y de los llamados expertos que han intentado culpar del fenómeno al COVID-19 y otros factores como el consumo de azúcar , los videojuegos e incluso el llamado ” cambio climático “.
Como ha informado Slay News , los casos de muertes relacionadas con el corazón e insuficiencia cardíaca, como miocarditis y pericarditis, se han disparado en todo el mundo desde que se lanzaron al público las inyecciones de Covid a principios de 2021.
La miocarditis y la pericarditis son afecciones inflamatorias del corazón y generalmente se consideran poco comunes, especialmente entre los niños.
Los casos graves pueden provocar complicaciones graves e incluso muerte súbita.
Ambas condiciones son efectos secundarios conocidos de las inyecciones de ARNm de Covid.
En respuesta, los funcionarios de salud y los medios corporativos han estado impulsando la afirmación de que el virus COVID-19, y no las inyecciones, está detrás del fenómeno.
Sin embargo, un nuevo estudio a gran escala realizado por científicos de renombre de la prestigiosa Universidad de Oxford acaba de confirmar que la miocarditis y la pericarditis sólo aparecen en niños y adolescentes después de la vacunación contra el Covid y no después de la infección por el virus.
El nuevo estudio analizó los datos oficiales del gobierno de más de 1 millón de niños y adolescentes ingleses de entre cinco y 11 años y de 12 y 15 años.
El estudio comparó sujetos vacunados y no vacunados.
Los investigadores también tuvieron en cuenta la cantidad de dosis de vacuna recibidas.
Al detallar sus hallazgos, los investigadores escribieron:
“Todos los eventos de miocarditis y pericarditis durante el período del estudio ocurrieron en personas vacunadas”.
El estudio también señaló que la hospitalización relacionada con la COVID-19 era extremadamente rara entre niños y adolescentes.
Además, no se registraron muertes por el virus entre toda la población sujeta.
Los datos ingleses muestran que la miocarditis y la pericarditis sólo se registraron en niños y adolescentes vacunados.
Otros estudios han afirmado que el riesgo de miocarditis es mayor después de la infección por el virus.
Los adolescentes tenían un riesgo significativamente mayor de contraer estas afecciones que los niños.
El estudio encontró que la gran mayoría de los casos de miocarditis y pericarditis ocurrieron después de la primera dosis de la vacuna.
Como resultado, más de la mitad de los adolescentes que padecían estas afecciones visitaron el hospital.
Esta noticia sigue a otro estudio reciente, de algunos de los investigadores más respetados de Estados Unidos, que encontró que las inyecciones de Covid eran responsables del aumento vertiginoso de las muertes súbitas en todo el mundo.
Como informó Slay News , el estudio de caso fue realizado por la Facultad de Medicina de Harvard y registró un aumento vertiginoso de casos de isquemia cerebral fatal en los últimos tres años.
La isquemia cerebral es una forma de daño cerebral mortal provocada por un flujo sanguíneo insuficiente al cerebro.
Los investigadores de Harvard descubrieron que las inyecciones de ARNm de Covid de Moderna causaron específicamente el reciente aumento en el trastorno fatal.
Los principales expertos han respondido al explosivo estudio dando la alarma sobre las vacunas de ARNm.
El estudio de Harvard es el último de una larga serie de estudios que relacionan las inyecciones con la muerte súbita y efectos secundarios potencialmente fatales.
En respuesta al estudio de Harvard, el Dr. John Campbell publicó un vídeo desglosando los resultados.
“Este no podría ser un informe más serio”, advierte Campbell.
El Dr. Peter McCullough también analizó este estudio de caso en su Substack.
“Nos estamos acostumbrando a una muerte inesperada después del COVID-19 entre los jóvenes que han recibido una o más inyecciones de la vacuna COVID-19”, dijo McCullough .
“Es importante darse cuenta de que no todas las muertes tras la vacunación son cardíacas”.
Slay News informó recientemente sobre la explosiva admisión de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU. de que las manchas de ARNm de Covid han matado a cientos de miles de niños y jóvenes estadounidenses.
La explosiva admisión se descubrió en un informe secreto de los CDC que muestra que la asombrosa cifra de medio millón de niños y adultos jóvenes estadounidenses han muerto a causa de las inyecciones de Covid.
El informe de los CDC ha revelado que casi 500.000 estadounidenses de entre 0 y 44 años murieron a causa de los peligrosos efectos secundarios de las inyecciones de ARNm de Covid.
Las muertes registradas ocurrieron entre el inicio del lanzamiento público de las vacunas a principios de 2021 y el 9 de octubre de 2022.
Sin embargo, debido a la cronología de los datos, las cifras ya impactantes no incluyen las muertes registradas durante el último año y medio.
FUENTE: TIERRA PURA
En un controvertido giro en la lucha contra los supuestos «delitos de odio», el fiscal Miguel Ángel Aguilar ha planteado una propuesta que podría cambiar radicalmente el uso de las redes sociales en España. Durante una entrevista reciente, Aguilar sugirió la modificación del código penal para obligar a que todos los usuarios de redes sociales se identifiquen y para prohibir el acceso a estas plataformas a quienes sean condenados por «incitar al odio en línea».
Esta propuesta surge en un contexto en el que la Fiscalía está investigando una serie de mensajes «falsos» y «de odio» que han circulado en las redes sociales tras el asesinato de un niño de 11 años en Mocejón, Toledo.
Sin embargo, la sugerencia de obligar a la identificación de todos los usuarios en redes sociales ha despertado una preocupación considerable en torno a los derechos fundamentales, especialmente la libertad de expresión. Muchos críticos consideran que esta medida podría ser un primer paso hacia la censura y la vigilancia masiva, afectando no solo a quienes cometen delitos, sino también a la ciudadanía en general, cuyo derecho a la privacidad y a expresarse libremente podría verse comprometido.
Organizaciones defensoras de derechos humanos y expertos legales han expresado su alarma ante esta posible reforma, argumentando que la identificación obligatoria podría tener un efecto disuasorio sobre el discurso legítimo y que podría ser usada para silenciar voces críticas.
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Estas declaraciones se dan en un contexto en el que el mandatario socialista, Pedro Sánchez, ha declarado en repetidas ocasiones que lo que el llama «extrema derecha» genera bulos y «discursos de odio» en Internet, solicitando la regulación del uso en redes sociales.