La Sala Superior del Tribunal Electoral desestimó los recursos de la oposición que solicitaban la nulidad de la elección presidencial.
Magistradas y magistrados determinaron, por unanimidad, que no hubo pruebas de uso de programas sociales, que la violencia que vive el país no afectó los resultados, que no hubo intervención de sindicatos.
Además, determinaron que no hubo intervención de funcionarios públicos, incluyendo el presidente López Obrador, para coaccionar el voto.
Se desecharon los argumentos de la oposición sobre compra ilegal de tiempo en radio y televisión; el Tribunal tampoco avaló los argumentos sobre actuación indebida de las instituciones.
La decisión se tomó por unanimidad, pero hubo debate en los argumentos.
Hubo intervención sistemática de AMLO: Otálora
La magistrada Janine Otálora dijo que las irregularidades no fueron determinantes en la elección, pues la ciudadanía eligió por amplia mayoría a una de las propuestas políticas.
Sin embargo, sostuvo que sí había elementos para realizar un pronunciamiento sustancial sobre los asuntos que fueron impugnados.
Sostuvo que la violencia fue una “afrenta contra la democracia y se mostró en desacuerdo con el argumento del proyecto de que los asesinatos solo tuvieron afectaciones locales.
Sostuvo que el presidente Andrés Manuel López Obrador intervino de forma sistemática mediante la conferencias mañaneras, lo que se ha confirmado mediante sentencias firmes.
Reyes Rodríguez determinó que hubo constantes intervenciones de funcionarios y actos criminales que llaman a hacer un cambio a la ley.
Afirmó que el proceso fue de claroscuros y que el proyecto aprobado desestima todos los actos de violencia que afectaron a los contendientes y a la sociedad.
Sin embargo, coincidió en que no hubo pruebas contundentes para anular la elección.
Defensa del proyecto
El magistrado Alfredo Fuentes Barrera dijo que los partido de oposición “solo” aportaron prueba de la intervención de López Obrador en 34 conferencias mañaneras.
Sostuvo que en el proyecto no se advirtió que fuera una conducta sistemática para intervenir en los comicios.
Argumentó que el Tribunal solo puede tomar los argumentos que se presentaron en la demanda y que no es válido que la institución investigue o añada más elementos.
FUENTE: ARISTEGUI
El gobierno británico ha advertido que está “recorriendo las redes sociales” para encontrar y arrestar a cualquier persona que comparta lo que considera imágenes de disturbios “dañinas” .
El nuevo primer ministro del país, Keir Starmer, dijo a los ciudadanos británicos que serían arrestados por “participar en violencia en línea”. No explicó exactamente qué quería decir con eso, pero ha estado apuntando a “extremistas de derecha”.
El Director del Ministerio Público ha advertido que ‘la gente podría pensar que no están haciendo nada perjudicial. Si lo es. Y las consecuencias recaerán sobre ellos”.
Fox News informa: El gobierno británico está tomando medidas enérgicas contra las personas que comparten publicaciones en las redes sociales sobre los disturbios en el Reino Unido que, en su opinión, “probablemente inicien el odio racial”.
En los últimos días se han producido disturbios en todo el Reino Unido por falsos rumores difundidos en línea de que un solicitante de asilo fue responsable de un apuñalamiento masivo en un evento de baile con temática de Taylor Swift que dejó tres niñas muertas y otras heridas. Los asesinatos, presuntamente cometidos por un ciudadano británico de 18 años nacido de padres ruandeses, provocaron una serie de protestas violentas que aprovecharon preocupaciones más amplias sobre la escala de la inmigración en el Reino Unido.
Las imágenes de los violentos enfrentamientos entre manifestantes antiinmigración y grupos de contramanifestantes, algunos de los cuales han sido vistos ondeando banderas palestinas, se han vuelto virales en las redes sociales, y el gobierno advierte que compartir ese contenido puede tener graves consecuencias.
El director de la fiscalía de Inglaterra y Gales, Stephen Parkinson, advirtió contra “la publicación o distribución de material insultante o abusivo que tenga como objetivo o pueda provocar el odio racial”. Entonces, si retuiteas eso, entonces lo estás republicando y potencialmente estás cometiendo ese delito [incitación al odio racial]”.
Añadió además: “Tenemos agentes de policía dedicados que rastrean las redes sociales. Su trabajo es buscar este material y luego realizar un seguimiento con la identificación, los arrestos, etc.
“Así que es muy, muy serio. La gente podría pensar que no están haciendo nada dañino. Y las consecuencias recaerán sobre ellos”, dijo Parkinson.
El corresponsal político y local de Sky News, Matthew Thompson, que entrevistó a Parkinson, informó sobre el anuncio del funcionario y advirtió sobre las implicaciones para los ciudadanos británicos, independientemente de su intención.
Estuvo de acuerdo con el presentador, quien dijo: “La gente puede compartir [contenido] simplemente para advertir a sus amigos, pero podría considerarse una ofensa porque están amplificando esto”.
“Absolutamente, y ese es el mensaje clave. Sin embargo, crees que estás actuando inocentemente en las redes sociales , sea cual sea la plataforma, simplemente estás compartiendo algo por cualquier motivo, que podría ser potencialmente un delito penal”, respondió Thompson.
FUENTE: TIERRA PURA
Una joven de 20 años, Cristina Hineman, ha decido llevar a la Justicia a una de las mayores organizaciones del país que promueve la agenda woke en el ámbito sexual y reproductivo. Planned Parenthood permitió a Hineman acceder a hormonas de testosterona cuando esta tenía 17 años tras una simple entrevista de 30 minutos y varios formularios.
Además de su demanda judicial, Hineman, de ahora 20 años de edad, cuenta su historia en el último documental de la serie Crisis de Identidad, producida por el Foro de Mujeres Independientes (IWF, por sus siglas en inglés).
Esta serie de documentales cuenta las historias de personas que han abandonado un proceso de transición de género. Tiene el objetivo de informar acerca de los perjuicios de los tratamientos de los que mujeres fueron “víctimas de la ideología de género y de una profesional de la salud mental que despotrica contra su profesión por priorizar lo políticamente correcto sobre la salud pública”.
Un formulario y 30 minutos
Hineman cuenta cómo a finales de su adolescencia comenzó a dudar acerca de su identidad y a sentirse incómoda. Entonces, con 17 años de edad, creyó que la respuesta a sus males sería someterse a un tratamiento hormonal con testosterona.
Tenía una sensación de urgencia en cuanto a dicho tratamiento y sabía que en los centros de Planned Parenthood no sería sometida “a preguntas humillantes, ni a un periodo de espera innecesario, ni a sermones, ni a curiosear sobre su certeza”. Acudió entonces a una de las casi 600 clínicas que la organización progresista dispone en Estados Unidos.
Hineman no es un caso aislado. La información sobre reclamaciones de seguros proporcionada a The Free Press por el Manhattan Institute muestra que al menos 40.000 pacientes acudieron a Planned Parenthood con el objetivo de someterse a tratamientos hormonales solo en 2023. Es una cifra que se ha multiplicado por diez desde 2017. Casi el 40% de aquellos que solicitan hormonas son jóvenes de 18 a 22 años de edad.
Detransición
Tras un año de tratamiento con hormonas de testosterona, Hineman comenzó a dudar de su decisión anterior. “Me lavaron el cerebro”, declaró a The Free Press. “Mucha gente dice que los adultos deberían poder hacer lo que quisieran. Pero si tienes una enfermedad mental que te nubla la vista, o estás tan mal informado sobre lo que significa siquiera la disforia de género, entonces no puedes consentir tratamientos tan invasivos”, añadió.
La demanda judicial denuncia un caso de mala praxis médica por no recibir toda la información acerca del tratamiento ni tampoco el consentimiento informado de todos los profesionales médicos que permitieron su proceso de transición hormonal. La demanda acusa desde a su terapeuta hasta al cirujano plástico que le extirpó los pechos tras una consulta superficial cuando cumplió 19 años.
FUENTE: TIERRA PURA
Ningún grupo ha hecho más daño a nuestra agricultura global y a la calidad de los alimentos que la Fundación Rockefeller.
Comenzaron a principios de la década de 1950, después de la guerra, a financiar a dos profesores de la Escuela de Negocios de Harvard para desarrollar una integración vertical a la que denominaron “Agronegocios”. El granjero pasó a ser el menos importante.
Luego crearon la fraudulenta Revolución Verde en México y la India en la década de 1960 y más tarde la Alianza pro-OGM para una Revolución Verde en África desde 2006.
El dinero de la Fundación Rockefeller creó literalmente el desastroso organismo genéticamente modificado (“OGM”) plantas genéticamente alteradas con sus pesticidas tóxicos de glifosato. Una vez más, la fundación está involucrada en un importante cambio de política en la alimentación y la agricultura mundiales y no es bueno.
La siniestra agenda del sistema alimentario de Rockefeller: ellos la crearon y ahora quieren destruirla
Por F. William Engdahl publicado en New Eastern Outlook el 21 de octubre de 2021
En su último informe, ‘ Costo real de los alimentos: Medición de lo que importa para transformar el sistema alimentario de EE. UU. ‘, la Fundación Rockefeller está profundamente comprometida en un esfuerzo coordinado para cambiar radicalmente la forma en que producimos alimentos y cómo calculamos su costo real. Afirman que es parte de un consenso global, a través de la ONU, para crear una agricultura “sostenible” en medio de la actual crisis de colapso del covid. Lejos de ser un cambio positivo, pretende cambiar radicalmente nuestro acceso a alimentos saludables y nuestra elección de lo que comemos. La Fundación, que acaba de publicar el segundo informe alimentario en dos años, se está asociando con el Foro Económico Mundial de Davos y las grandes empresas agrícolas para liderar la campaña. Su nuevo lema es “El costo real de los alimentos”.
¿Costo real?
Rajiv Shah, presidente de la Fundación, escribe: “Pasamos el año pasado trabajando con expertos y defensores de todo el campo para medir el impacto del sistema alimentario estadounidense. El resultado es el primer conjunto de métricas en todo Estados Unidos que puede ayudarnos a medir el costo de nuestros alimentos con mayor precisión. Con este nuevo análisis, los gobiernos, los defensores, los productores de alimentos y las personas están mejor equipados para transformar nuestro sistema alimentario para que sea más nutritivo, regenerativo y equitativo…”
Aquí es donde las palabras deben examinarse más de cerca. Estos chicos son expertos en programación neurolingüística (“PNL”). En efecto, parece como si la misma Fundación Rockefeller, responsable de nuestra cadena alimentaria industrializada y globalizada y de la destrucción que ese proceso ha causado no sólo en la agricultura familiar sino también en la calidad de nuestra agricultura y dieta globales, ahora culpara a su creación de enormes costos externos de nuestra alimentación. Sin embargo, escriben como si el culpable fuera el codicioso agricultor familiar y no la agroindustria corporativa.
Shah afirma: “Este informe es una llamada de atención. El sistema alimentario estadounidense tal como está está afectando negativamente a nuestro medio ambiente, nuestra salud y nuestra sociedad”. El estudio Rockefeller de Shah afirma: “La configuración actual del sistema alimentario estadounidense ha tenido impactos costosos en la salud de las personas, la sociedad y el planeta. El calentamiento global, la reducción de la biodiversidad, la contaminación del agua y del aire, el desperdicio de alimentos y la alta incidencia de enfermedades relacionadas con la dieta son consecuencias no deseadas clave del sistema de producción actual ”. Esto es siniestro.
El estudio añade: “La carga del impacto de estos costos recae desproporcionadamente en las comunidades marginadas y desatendidas, a menudo comunidades de color, muchas de las cuales son la columna vertebral como agricultores, pescadores, ganaderos y trabajadores alimentarios”.
Utilizando un grupo holandés, True Price Foundation, el informe calcula que el “coste real” del sistema alimentario estadounidense no es los 1,1 billones de dólares que los estadounidenses gastan anualmente en alimentos, sino más bien al menos 3,2 billones de dólares al año si se tiene en cuenta su impacto en la salud de las personas, los medios de vida y el medio ambiente. Este enorme costo adicional se calcula principalmente a partir de los efectos sobre la salud, incluidos el cáncer y la diabetes, y los efectos ambientales como las emisiones de CO 2 de lo que llaman agricultura “insostenible”. True Cost Foundation tiene una junta directiva de tres personas que incluye a Herman Mulder, ex banquero de ABN Amro, uno de los principales bancos de agronegocios del mundo; Charles Evers, ex controlador corporativo y director financiero de Unilever NV (1981-2002), uno de los principales gigantes de la agroindustria del mundo; y Jasper de Jong, socio de Allen & Overy, una de las firmas de abogados más grandes del mundo con sede en Londres. Este es el equipo detrás del precio de abstracciones como una tonelada de CO 2 y otros costos para el informe Rockefeller. El único punto es que el CO 2 es un componente esencial e inofensivo de toda vida y no es causa del aumento de la temperatura global.
También es notable sobre el informe Rockefeller, True Cost of Food , que entre los contribuyentes se encontraban profesores de facultades de derecho, economistas universitarios, el Fondo Mundial para la Naturaleza (“WWF”) y la Fundación True Cost. No se incluyó ninguna organización de agricultores.
El informe calcula que los principales costos “ocultos” de la producción de alimentos de Estados Unidos provienen del impacto negativo de la agricultura en la salud y el medio ambiente: “Los mayores costos no contabilizados provienen de los impactos negativos en la salud humana, el empeoramiento de la degradación ambiental y la pérdida de biodiversidad”. A todo esto le ponen un número. Por ejemplo, los impactos ambientales directos, incluidas las emisiones de gases de efecto invernadero (“GEI”), el uso del agua y la erosión del suelo, según afirman, cuestan 350 mil millones de dólares al año; y el impacto sobre la biodiversidad como resultado del uso de la tierra y la contaminación del suelo, el agua y el aire, según dicen, le cuesta a la economía estadounidense 455 mil millones de dólares. Luego calculan los costos sanitarios del sistema alimentario estadounidense. Aquí el informe incluye los costos para la economía de la obesidad, las enfermedades cardiovasculares que son la principal causa de muerte a nivel mundial, el cáncer, la diabetes y otras enfermedades no transmisibles. Esto supuestamente añade otro billón de dólares a nuestros costos “verdaderos” de los alimentos. Sumando ambos efectos como se afirma, se añaden unos 1,8 billones de dólares de los 2,2 dólares estimados en costos externos de los alimentos . Afirmar que los costos en dólares de estas enfermedades en el amañado sistema de salud estadounidense es culpa exclusiva de la agricultura que ignora los inflados costos de salud desde que entró en vigor el seguro Obamacare. Por cierto, Rockefeller también creó el sistema médico moderno con su Informe Flexner junto con la Fundación Carnegie en 1910. Pero esa es otra historia.
No hay duda de que la producción industrializada de alimentos por parte de los agronegocios en los EE.UU. desde la década de 1950 ha convertido la alguna vez productiva granja familiar en un apéndice corporativo de un sistema de granjas industriales, semillas transgénicas y monopolios de agroquímicos como Monsanto-Bayer y DuPontDow (Corteva), enormes operaciones de matadero como Tyson y Smithfield Foods, y minoristas como Walmart o Whole Foods. Pero el informe sugiere que los culpables son los agricultores familiares tradicionales. Esto es para preparar el escenario para un Gran Reinicio agrícola que será aún más dañino a medida que la carne restante de animales alimentados en pastos sea reemplazada por carne vacuna transgénica cultivada en laboratorio y productos similares. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (“USDA”) escribió recientemente que las “fuentes principales de gases de efecto invernadero en la agricultura son la producción de fertilizantes a base de nitrógeno; la combustión de combustibles fósiles como carbón, gasolina, diésel y gas natural; y gestión de residuos. La fermentación entérica del ganado, o la fermentación que tiene lugar en el sistema digestivo de los animales rumiantes, produce emisiones de metano”.
El mensaje es que la culpa la tiene la actual producción de alimentos estadounidense y que se necesitan urgentemente cambios radicales y costosos. La dificultad para leer el informe es que el lenguaje es deliberadamente vago y engañoso. Por ejemplo, uno de los componentes más dañinos de la agricultura estadounidense desde la década de 1990 ha sido la introducción masiva de cultivos transgénicos, especialmente soja, maíz y algodón y el altamente cancerígeno Monsanto-Bayer Roundup con glifosato. El informe Rockefeller omite su papel directo en el fomento de esa devastación al crear y promover a Monsanto y los OGM durante décadas, sabiendo que eran destructivos. La política de la Fundación Rockefeller es introducir cultivos modificados genéticamente, OGM.2, y destruir la agricultura actual de Estados Unidos en favor de costosas alternativas patentadas, alegando que son demasiado costosas y no “sostenibles” o “inclusivas”. El segundo mayor productor mundial de alimentos, la UE, será su próximo objetivo.
AGRA, Gates y Davos
Esta agenda no sorprende cuando miramos los antecedentes de los actores clave de la Fundación Rockefeller. El presidente, Rajiv Shah, tuvo experiencia en la Fundación Bill y Melinda Gates, donde fue Director de Desarrollo Agrícola. En la Fundación Gates, Shah trabajó con la Fundación Rockefeller para crear la Alianza para una Revolución Verde en África. Está íntimamente vinculado al Foro Económico Mundial de Davos (“FEM”) del gurú del Gran Reinicio, Klaus Schwab, donde Shah recientemente copresidió el Consejo del Futuro Global del FEM sobre la Nueva Agenda para el Crecimiento Económico y la Recuperación. Allí escribió que “los gobiernos deben orientar activamente los mercados hacia un crecimiento verde e inclusivo”.
La Alianza para una Revolución Verde en África (“AGRA”) es un proyecto que ha intentado imponer semillas transgénicas y pesticidas relacionados a un costo enorme a los pequeños agricultores africanos más pobres. Ha sido un desastre agrícola para los agricultores africanos . El modelo AGRA desempeña un papel clave para comprender la agenda tácita de la Fundación Rockefeller y aliados como el WEF y la Fundación Gates. La persona responsable del programa agrícola bajo Shah en Rockefeller es Roy Steiner, vicepresidente senior de Iniciativa Alimentaria de la fundación. Steiner estuvo con Shah en la Fundación Gates y trabajó con Shah para crear AGRA, pro-OGM en África.
El profundo papel de Shah y Steiner en AGRA y su agenda sobre OGM da una muy buena idea de cómo Rockefeller & Co. planean la transformación radical de la agricultura estadounidense, y no es buena. El informe dice que reducirá las emisiones de CO 2 y metano e introducirá alternativas de origen vegetal. Bill Gates cofinanció la puesta en marcha de la empresa de carne de imitación, Impossible Foods, utilizando carne falsa cultivada en laboratorio y edición genética. Insiste en que la carne sintética es una estrategia necesaria para abordar el cambio climático y declara que los estadounidenses y otras naciones occidentales deben cambiar a una dieta de carne 100% sintética. No más vacas, no más emisiones de gases …
Davos, Rockefeller y la Cumbre Mundial sobre la Alimentación de la ONU
La agenda agrícola de la influyente Fundación Rockefeller, la agenda del Foro Económico Mundial de Davos y la de las Naciones Unidas convergen en el Gran Reinicio y la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para una “agricultura sostenible”. El 23 de septiembre de 2021, la ONU organizó en Nueva York la ‘Cumbre sobre Sistemas Alimentarios 2021’. La presidenta de la cumbre fue Agnes Kalibata, enviada especial del Secretario General de las Naciones Unidas a la Cumbre sobre Sistemas Alimentarios de 2021. Su selección encontró la oposición vehemente de decenas de ONG basándose en el hecho de que ella es la presidenta de Gates-Rockefeller AGRA en África. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, anunció la cumbre como parte de la “Década de Acción” para lograr los objetivos sostenibles de la Agenda 2030. Olivier De Schutter, ex relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación, afirmó que la Cumbre sobre la Alimentación fue el resultado de “ acuerdos a puerta cerrada ” en el Foro Económico Mundial de Davos.
En junio de 2019, en la ONU, el director del FEM, Klaus Schwab, y Guterres de la ONU firmaron una asociación formal “para acelerar la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”. Un año después, en medio de la pandemia del covid, Klaus Schwab anunció el lanzamiento del Gran Reinicio tecnocrático junto a Antonio Guterres, Secretario General de la ONU; y Kristalina Georgieva del Fondo Monetario Internacional. Davos, la ONU y la Fundación Rockefeller están todos en una misma agenda y no es bueno para la salud y la alimentación futura de la humanidad. Esta no es una teoría de la conspiración; es la verdadera conspiración.
FUENTE: TIERRA PURA
El presidente de la empresa de software para máquinas de votación Smartmatic ha sido acusado de múltiples cargos federales por un plan de soborno internacional.
Smartmatic fue el centro de acusaciones de fraude electoral después de las elecciones de 2020, después de que se alegara que el software de votación de la compañía se utilizó para manipular votos falsos en las máquinas de votación.
La empresa incluso demandó con éxito a los medios de comunicación conservadores que informaron sobre las acusaciones, mientras que los medios corporativos liberales insistieron en que la empresa y su software son “seguros”.
El software de la empresa “confiable” se utiliza en máquinas de votación de todo el mundo para supuestamente “asegurar” las elecciones.
El jueves, el fundador y presidente de Smartmatic, Roger Piñate, fue acusado por un gran jurado federal en el Distrito Sur de Florida por cargos relacionados con un plan de soborno y lavado de dinero utilizado para asegurar contratos electorales en Filipinas.
También fueron acusados otros dos ejecutivos de la empresa.
Piñate, de 49 años, de Boca Ratón, Florida, junto con Jorge Miguel Vásquez, de 62 años, de Davie, estaban entre los acusados del presunto pago de un millón de dólares en sobornos al ex presidente de la Comisión Electoral de Filipinas, Juan Andrés Donato Bautista. .
“Estos sobornos supuestamente se pagaron para obtener y retener negocios relacionados con el suministro de máquinas de votación y servicios electorales para las elecciones filipinas de 2016 y para garantizar los pagos de los contratos, incluida la liberación de los pagos del impuesto al valor agregado”, según un comunicado de prensa del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Según la acusación, los presuntos cómplices financiaron los sobornos sobrefacturando el coste de la máquina de votación utilizada en las elecciones.
Para ocultar su delito, los fiscales dicen que utilizaron lenguaje codificado para referirse a un fondo para sobornos utilizado para realizar pagos ilícitos, lo que provocó la creación de contratos fraudulentos y acuerdos de préstamo falsos para que las transferencias parecieran legítimas.
Luego, los acusados supuestamente lavaron los fondos relacionados con el plan de soborno a través de una constelación de cuentas bancarias internacionales en Asia, Europa y Estados Unidos, incluido el Distrito Sur de Florida.
Bautista, Piñate, Vásquez y Elie Moreno, de 44 años, con doble ciudadanía de Venezuela e Israel, están acusados cada uno de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y tres cargos de lavado internacional de instrumentos monetarios, informó el Miami Herald .
Si son declarados culpables, Bautista, Pinate, Vásquez y Moreno enfrentan cada uno una pena máxima de 20 años por cada cargo de lavado internacional de instrumentos monetarios y conspiración para cometer lavado de dinero.
Smartmatic fue fundada en el año 2000 por Piñate, Antonio Mugica y Alfredo José Anzola.
La empresa llegó a los titulares internacionales después de que el entonces presidente venezolano Hugo Chávez la eligiera para reemplazar las máquinas de votación del país en 2004.
En 2006, adquirieron Sequoia Voting Systems, aunque luego vendieron su participación.
Según el sitio web de Smartmatic, Piñate “desempeñó un papel fundamental en la planificación y ejecución de las elecciones más grandes del mundo utilizando escáneres ópticos (en Filipinas) y en que Smartmatic ganara el contrato electoral más grande en la historia de Estados Unidos (en Los Ángeles)”.
La compañía respondió a la acusación el jueves por la noche y dijo en un comunicado:
“Smartmatic se enteró de que dos de nuestros empleados han sido acusados de presuntas violaciones de la FCPA en Filipinas hace casi 10 años.
“Independientemente de la veracidad de las acusaciones y aunque nuestros empleados acusados siguen siendo inocentes hasta que se demuestre lo contrario, hemos colocado a ambos empleados en licencia con efecto inmediato.
“No se ha alegado fraude electoral y Smartmatic no está acusado.
“Los votantes de todo el mundo deben tener la seguridad de que las elecciones en las que participan se llevan a cabo con la máxima integridad y transparencia.
“Estos son los valores por los que se rige Smartmatic”.
Muchos han recurrido a las redes sociales para resaltar las sospechas de larga data sobre Smatmatic.
Varios usuarios destacados de X señalaron que la acusación demuestra que Smartmatic no es la empresa “confiable” que los medios corporativos afirman que es.
El presidente Donald Trump acusó anteriormente a Smartmatic de permitir que su software fuera pirateado para manipular votos.
Trump cree que Smartmatic fue utilizado para robarle las elecciones de 2020 manipulando los votos para el presidente demócrata Joe Biden.
FUENTE: TIERRA PURA
El Gobierno de Yucatán se coloca como el estado con menor corrupción de todo el país, pues de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), registró la menor percepción de corrupción de todos los Gobiernos estatales del país, resultado de los esfuerzos y trabajo en equipo que la administración de Mauricio Vila Dosal ha hecho con los yucatecos.
De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental elaborada por dicho instituto, el estado ocupó el primer lugar del país con menor percepción de corrupción en el Gobierno Estatal, lo que refleja que los yucatecos tienen una percepción positiva de la administración que encabeza Vila Dosal.
Con base en el reporte del INEGI, también en el rubro de experiencias de corrupción y confianza en instituciones, Yucatán se ubicó entre los 2 primeros lugares, lo que quiere decir que los yucatecos tienen una amplia confianza en el Gobierno del Estado, con un porcentaje muy superior a la media nacional.
Con resultados como estos, se puede asegurar que Yucatán está viviendo un momento histórico, pues hay que recordar que se dio a conocer que nos colocamos como el estado más competitivo del sureste del país y en top ten a nivel nacional en el Índice de Competitividad Estatal (ICE) del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
Aunado a ello, también obtuvimos, de acuerdo con el IMCO, el primer lugar en Sistema Político y Gobierno, resultado de la labor del Gobierno del Estado en temas como mejora regulatoria, lucha contra la corrupción, transparencia y participación ciudadana.
De acuerdo con el Indicador de Ambiente de Negocios, Yucatán mantiene una alta disponibilidad de tecnología para realizar transacciones y para brindar información sobre los servicios que ofrece el Gobierno estatal (pago de impuestos, apertura de empresas, permisos de construcción, entre otros), lo que ha mejorado la confianza de la gente en las instituciones estatales.
Gracias a la forma transparente de trabajar del Gobierno de Vila Dosal y al combate a la corrupción que los yucatecos juntos realizado, hoy Yucatán está viviendo un momento histórico en transparencia y rendición de cuentas que se nota en el ambiente de certeza en la entidad.
Además, en el World Justice Project Yucatán ha destacado como una de las entidades con mayor adhesión al Estado de Derecho; además, destaca como uno de los 5 mejores estados en materia de rendición de cuentas en la Métrica de Justicia Abierta.
La confianza y certeza que se tiene en el Gobierno del Estado y la positiva percepción del trabajo que se ha realizado en los últimos 6 años del Gobierno del Estado es que lo que ha hecho que Yucatán esté viviendo un momento histórico con la atracción de más inversiones que generen más empleos mejor pagados, niveles de seguridad sin precedentes y proyectos estratégicos.
Con obras de infraestructura se está impulsando el potencial del estado, construyendo juntos el Yucatán para los próximos 30 o 40 años, tales como las dos plantas de ciclo combinado en Mérida y Valladolid, la ampliación del ducto Mayakán, los Polos Industriales del Bienestar, que nos abrirán las puertas a nuevos mercados de talla mundial, con lo que se ha impulsado el desarrollo de la entidad convirtiéndonos en líderes en nearshoring, así como en una nueva frontera con la costa este de los Estados Unidos, con lo que se sienta la base para continuar con la transformación del estado en beneficio de todas las familias yucatecas.
Este ha sido el estilo de hacer las cosas en Yucatán, siempre en equipo con las y los yucatecos. Así, desde hace 6 años, comenzamos este gobierno con la
firme convicción de trabajar sin descanso, sin ver colores ni partidos, para transformar nuestro estado. El cambio se ve y se siente en un Yucatán cada vez más justo y productivo; y así es como hemos logrado tener el mejor Yucatán de todos los tiempos.