En Estados Unidos no existe, a día de hoy, una ley federal que estandarice los procesos electorales y que proteja la democracia de forma amplia. Muchos son los estados del país en los que votar es posible, pese a no ser ciudadano del país.
Este paradigma es denunciado por los conservadores, mientras que la Administración Biden-Harris mantiene una suerte de complicidad con el sistema. El mejor ejemplo puede ser la legislación californiana. Pero hay muchos otros estados en los que aún no hay totales garantías para el desarrollo correcto del proceso electoral.
La semana pasada, el secretario de Estado de Ohio, Frank Larose, llevó al Gobierno federal a los tribunales por negarse a proporcionar al estado “registros adicionales” que descritos por LaRose como “esenciales para verificar el estatus de ciudadanía de todos los votantes de Ohio”.
En el comunicado del republicano que acompaña a la denuncia sostiene que la Administración Biden-Harris está obstruyendo y abusando de su poder para impedir que se eliminen a los no ciudadanos de las listas de votantes.
En el estado de Ohio, se requiere de un documento de identidad con fotografía para votar. Sin embargo, este documento puede ser un carnet de conducir estatal, los cuales se emiten de forma normal y corriente a cualquier individuo que acredite una residencia permanente en el estado.
La demanda alega que la Administración federal, “en al menos cuatro ocasiones distintas, no proporcionó a Ohio acceso a los registros federales de verificación de ciudadanía necesarios para impedir que votaran los no ciudadanos”, según el comunicado.
Garantías de ciudadanía para votar
En la misma semana que LaRose, Ken Paxton, fiscal general de Texas, también anunció acciones legales contra el Departamento de Seguridad Nacional de Alejandro Mayorkas por motivos similares.
La demanda de Paxton acusa a la Administración Biden-Harris de no cumplir con “la ley federal que les obliga a ayudar a los Estados a verificar la condición de ciudadanía de las personas potencialmente inelegibles registradas para votar”.
En estas elecciones, el estado de Texas dice investigar la situación legal de casi medio millón de votantes que depositarán su voto en las urnas el 5 de noviembre para elegir al próximo presidente de la nación. El motivo de estos chequeos es que este medio millón de votantes se registraron sin presentar un documento de identificación emitido por el estado de Texas.
“La Administración Biden-Harris se ha negado a cumplir la ley federal, lo que supone un obstáculo más que Texas debe superar para garantizar unas elecciones libres y justas en nuestro estado”, dijo Paxton en un comunicado.
Florida, Virginia y Alabama también denuncian
Las denuncias de Texas y de Ohio se suman a las que ya existían en otros estados con gobiernos republicanos. Florida presentó su demanda contra el Departamento de Seguridad Nacional a mediados del mes de octubre. Los motivos fueron idénticos a los alegados por Texas y Ohio.
En Alabama, las autoridades estatales aseguran que descubrieron que había al menos 3.000 individuos que lograron inscribirse para votar sin contar con la ciudadanía estadounidense. En este sentido, las autoridades estatales iniciaron una serie de diligencias para impedir que más individuos que no cuenten con la nacionalidad voten en las elecciones.
A raíz de esto, el Departamento de Justicia demandó al estado y al Secretario Allen a finales de septiembre, alegando que violaron la Ley Nacional de Registro de Votantes de 1993 (NVRA), ya que el mantenimiento del censo de votantes se produjo dentro del mencionado período de 90 días.
El Departamento de Justicia también demandó al estado de Virginia por aumentar los requisitos y garantías para que en las elecciones de noviembre tan solo voten los ciudadanos de Estados Unidos. Este verano, el gobernador republicano Glenn Yougkin ordenó a la agencias estatales “emprender esfuerzos de seguridad electoral de cara a las elecciones de noviembre”.
Para el DOJ, estas iniciativas también van en contra de la NVRA de 1993, lo cual no fue reemplazada aún en el Congreso por el proyecto de ley republicano “Save”, el cúal murió en la Cámara de Representantes.
FUENTE: TIERRA PURA
China informó que llevará a cabo este martes ejercicios militares con fuego real cerca de la isla Niushan, situada al este de Pingtan y considerada el punto más cercano entre el continente chino y la isla principal de Taiwán.
Las maniobras fueron comunicadas por la Administración de Seguridad Marítima (MSA), que emitió un aviso prohibiendo la entrada a la zona durante el periodo designado para los ejercicios.
Niushan, una isla ubicada a 165 kilómetros de Taipéi, alberga el faro más grande del sureste de China y ha sido declarada área restringida por la MSA hasta el fin de las maniobras.
Estos ejercicios se producen después del reciente paso del destructor USS Higgins y la fragata HMCS Vancouver por el estrecho de Taiwán, un tránsito que, en opinión del Ejército Popular de Liberación (EPL, Ejército chino), “altera la situación y socava la paz y la estabilidad regional”.
Liu Xi, portavoz del Comando del Teatro Oriental del EPL, afirmó que el Ejército chino “se mantiene en alerta máxima para defender la soberanía y la seguridad nacional”.
Estados Unidos, por su parte, sostuvo que el paso de los navíos se realizó en conformidad con las normas internacionales de libertad de navegación.
En un comunicado, el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) de Taiwán indicó este martes que los ejercicios forman parte del “entrenamiento anual de rutina” del EPL, aunque no descartó la posibilidad de que Pekín pretenda aumentar su capacidad de “disuasión” en relación con “la situación en el estrecho de Taiwán”.
“El ministerio está siguiendo y analizando de cerca las actividades e intenciones militares (de China) utilizando sistemas conjuntos de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (…). Las Fuerzas Armadas se adhieren al principio de prepararse para lo peor, manteniendo una estricta vigilancia y respondiendo de manera adecuada”, apuntó la cartera castrense.
Por su parte, el primer ministro taiwanés, Cho Jung-tai, denunció que las maniobras cerca de las Matsu constituyen una “amenaza” para la paz y estabilidad regional.
“Independientemente de la magnitud de los ejercicios, no deberían realizarse con tanta frecuencia y tan cerca de Taiwán, ya que solo generan tensiones innecesarias”, aseveró Cho en declaraciones a los medios de comunicación.
Estas maniobras en torno a la isla de Niushan tienen lugar ocho días después de que China realizara unos ejercicios militares a gran escala cerca de Taiwán, un territorio gobernado de forma autónoma desde 1949 y considerado por Pekín como una provincia rebelde.
Durante la operación, China empleó un récord de 153 aeronaves, entre ellas cazas de combate, helicópteros y drones, y utilizó a su Guardia Costera para rodear por primera vez la isla principal de Taiwán y peinar los alrededores del archipiélago de las Matsu.
El Ejército chino ha incrementado la frecuencia e intensidad de sus actividades en el Estrecho desde la toma de posesión, el pasado 20 de mayo, del presidente taiwanés, William Lai, tachado de “independentista” y “alborotador” por las autoridades de Beijing.
FUENTE: TIERRA PURA
Según el reciente informe del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM), un venezolano necesita al menos 106,3 dólares al mes para cubrir los gastos básicos de alimentación. Esto equivale a más de 32 veces el salario mínimo oficial, que actualmente es de 130 bolívares mensuales, lo que representa alrededor de 3,3 dólares al cambio oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).
El estudio también revela que para una familia promedio de cinco personas, el costo de la canasta alimentaria alcanzó los 531,57 dólares en el mes de septiembre.
El informe destaca que los productos que experimentaron mayores incrementos fueron las carnes (3,46 %), grasas y aceites (2,49 %), y tubérculos (1,94 %). Aunque la inflación en septiembre fue relativamente baja, con un 0,8 %, el impacto en los sectores más vulnerables sigue siendo profundo.
Venezuela salió de un periodo de hiperinflación en 2021, pero la economía continúa deteriorada, y el dólar ha sido adoptado informalmente como la moneda preferida para transacciones diarias.
FUENTE: TIERRA PURA
N del E: El título original “Tecnofascismo: el gobierno presionó a las empresas tecnológicas para que censuraran a los usuarios” fue modificado para su adaptación al español.
“Las plataformas de Internet tienen un poderoso incentivo para complacer a importantes funcionarios federales, y el expediente de este caso muestra que funcionarios de alto rango explotaron hábilmente la vulnerabilidad de Facebook … No es sorprendente que estos esfuerzos hayan dado frutos. Facebook adoptó nuevas reglas que se ajustaban mejor a los deseos de los funcionarios, y muchos usuarios que expresaron opiniones desaprobatorias sobre la pandemia o las vacunas contra la COVID-19 fueron ‘expulsados de la plataforma’ o perjudicados de otro modo”. —Juez Samuel Alito, en su opinión discrepante en Murthy v. Missouri
Mark Zuckerberg, el director ejecutivo de Meta, finalmente admitió lo que sabíamos desde el principio: Facebook conspiró con el gobierno para censurar a personas que expresaban opiniones “desaprobadas” sobre la pandemia de COVID-19.
La confesión de Zuckerberg llegó tras una serie de fallos judiciales que hicieron la vista gorda ante el tecnofascismo del gobierno.
En una decisión 2-1 en Children’s Health Defense v. Meta , el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito desestimó una demanda presentada por Children’s Health Defense contra Meta Platforms por restringir las publicaciones, la recaudación de fondos y la publicidad de CHD en Facebook luego de las comunicaciones entre Meta y funcionarios del gobierno federal.
En una decisión unánime en los casos combinados de NetChoice v. Paxton y Moody v. NetChoice , la Corte Suprema de Estados Unidos evitó pronunciarse sobre si los estados podían aprobar leyes para prohibir la censura por parte de las grandes empresas tecnológicas en plataformas de redes sociales como Facebook, TikTok y YouTube.
Y en un fallo de 6 a 3 en el caso Murthy v. Missouri , la Corte Suprema eludió un desafío a los esfuerzos del gobierno federal para obligar a las empresas de redes sociales a censurar la expresión de los usuarios en virtud de la Primera Enmienda.
Bienvenidos a la era de la tecnocensura.
En el papel —al menos bajo la Primera Enmienda— somos técnicamente libres de hablar.
En realidad, sin embargo, hoy sólo tenemos la libertad de hablar que nos permita un funcionario gubernamental o una entidad corporativa como Facebook, Google o YouTube.
Un ejemplo de ello son los documentos internos publicados por el Subcomité Selecto del Poder Judicial de la Cámara de Representantes sobre el Uso de Armas en el Gobierno Federal, que confirmaron lo que sospechábamos desde hace tiempo: que el gobierno ha estado trabajando en conjunto con empresas de redes sociales para censurar la libertad de expresión .
Por “censurar” nos referimos a los esfuerzos concertados del gobierno para amordazar, silenciar y erradicar por completo cualquier discurso que entre en conflicto con la narrativa aprobada por el propio gobierno.
Esta es la coerción política llevada a su extremo más escalofriante y opresivo.
Las revelaciones de que Facebook trabajó en conjunto con la administración de Biden para censurar contenido relacionado con COVID-19, incluidos chistes humorísticos , información creíble y la llamada desinformación, siguieron a un fallo de un tribunal federal en Luisiana que prohíbe a los funcionarios del poder ejecutivo comunicarse con empresas de redes sociales sobre contenido controvertido en sus foros en línea.
Al comparar los intentos enérgicos del gobierno de presionar a las empresas de redes sociales para que supriman el contenido crítico de las vacunas contra el COVID o las elecciones con “un escenario casi distópico”, el juez Terry Doughty advirtió que “ el gobierno de los Estados Unidos parece haber asumido un papel similar al de un ‘Ministerio de la Verdad’ orwelliano ” .
Ésta es la definición misma del tecnofascismo.
Revestido de una autocomplacencia tiránica, el tecnofascismo está impulsado por gigantes tecnológicos (tanto corporativos como gubernamentales) que trabajan en conjunto para lograr un objetivo común.
El gobierno no nos está protegiendo de las campañas de desinformación “peligrosas”, sino que está sentando las bases para aislarnos de las ideas “peligrosas” que podrían hacernos pensar por nosotros mismos y, al hacerlo, desafiar el dominio que la élite del poder tiene sobre nuestras vidas.
Hasta ahora, los gigantes tecnológicos han podido eludir la Primera Enmienda en virtud de su estatus no gubernamental, pero es una distinción dudosa en el mejor de los casos cuando marchan al compás de los dictados del gobierno.
Como escriben Philip Hamburger y Jenin Younes para The Wall Street Journal : “La Primera Enmienda prohíbe al gobierno “limitar la libertad de expresión”. La doctrina de la Corte Suprema deja claro que el gobierno no puede evadir constitucionalmente la enmienda actuando a través de empresas privadas ”.
Nada bueno puede resultar de permitir que el gobierno eluda la Constitución.
La constante y generalizada censura que nos están infligiendo los gigantes corporativos de la tecnología con la bendición de los que están en el poder amenaza con provocar una reestructuración de la realidad sacada directamente de 1984 de Orwell , donde el Ministerio de la Verdad vigila el discurso y garantiza que los hechos se ajusten a cualquier versión de la realidad que adopten los propagandistas del gobierno.
Orwell pretendía que 1984 fuera una advertencia, pero en realidad se está utilizando como un manual de instrucciones distópico para diseñar socialmente una población dócil, conformista y obediente al Gran Hermano.
En un mundo cada vez más automatizado y filtrado a través de la lente de la inteligencia artificial, nos encontramos a merced de algoritmos inflexibles que dictan los límites de nuestras libertades.
Una vez que la inteligencia artificial se convierta en una parte totalmente integrada de la burocracia gubernamental , habrá pocos recursos: todos estaremos sujetos a los juicios intransigentes de los tecno-gobernantes.
Así es como empieza.
En primer lugar, los censores persiguieron a los llamados extremistas que difundían el llamado “discurso de odio”.
Luego fueron tras los llamados extremistas que difundían supuesta “desinformación” sobre elecciones robadas, el Holocausto y Hunter Biden .
Para cuando los llamados extremistas se encontraron en la mira por difundir la llamada “desinformación” sobre la pandemia de COVID-19 y las vacunas, los censores ya habían desarrollado un sistema y una estrategia para silenciar a los inconformistas .
Al final, dependiendo de cómo el gobierno y sus aliados corporativos definan qué constituye “extremismo”, “nosotros, el pueblo” podríamos ser considerados culpables de algún delito de pensamiento u otro.
Todo lo que toleremos ahora, todo lo que ignoremos, todo lo que racionalicemos cuando se lo imponen a otros, ya sea en nombre de garantizar la justicia racial, de defender la democracia o de combatir el fascismo, tarde o temprano se volverá contra nosotros, todos y cada uno de nosotros.
Mira y aprende.
Todos deberíamos estar alarmados cuando cualquier individuo o grupo, prominente o no, es censurado, silenciado y obligado a desaparecer de Facebook, Twitter, YouTube e Instagram por expresar ideas que se consideran políticamente incorrectas, odiosas, peligrosas o conspirativas.
Dado lo que sabemos sobre la tendencia del gobierno a definir su propia realidad y atribuir sus propias etiquetas a las conductas y los discursos que desafían su autoridad, esto debería ser motivo de alarma en todo el espectro político .
Este es el punto: usted no tiene que simpatizar o estar de acuerdo con alguien que ha sido amordazado o hecho desaparecer en línea debido a sus opiniones, pero ignorar las ramificaciones a largo plazo de dicha censura es peligrosamente ingenuo, porque cualquier poder que usted permita que el gobierno y sus agentes corporativos reclamen ahora eventualmente será usado en su contra por tiranos de su propia creación.
Como escribe Glenn Greenwald para The Intercept :
La flagrante falacia que siempre subyace en el corazón de los sentimientos pro-censura es la creencia crédula y delirante de que los poderes de censura se emplearán sólo para suprimir las opiniones que a uno no le gustan, pero nunca las propias… Facebook no es un padre benévolo, amable y compasivo ni un actor radical y subversivo que va a vigilar nuestro discurso para proteger a los débiles y marginados o servir como un noble control de las travesuras de los poderosos. Casi siempre van a hacer exactamente lo contrario: proteger a los poderosos de quienes buscan socavar las instituciones de élite y rechazar sus ortodoxias. Los gigantes tecnológicos, como todas las corporaciones, están obligados por ley a tener un objetivo primordial: maximizar el valor para los accionistas. Siempre van a utilizar su poder para apaciguar a quienes perciben que ejercen el mayor poder político y económico.
Tenga cuidado: es una pendiente resbaladiza pasar de censurar las llamadas ideas ilegítimas a silenciar la verdad.
Con el tiempo, como predijo Orwell, decir la verdad se convertirá en un acto revolucionario.
Si el gobierno puede controlar la palabra, puede controlar el pensamiento y, a su vez, puede controlar las mentes de los ciudadanos.
Como dejo claro en mi libro Battlefield America: The War on the American People y en su contraparte ficticia The Erik Blair Diaries , esto ya está sucediendo.
Cada día que pasa, avanzamos más hacia una sociedad totalitaria caracterizada por la censura gubernamental, la violencia, la corrupción, la hipocresía y la intolerancia, todo ello empaquetado para nuestro supuesto beneficio en el doble discurso orwelliano de la seguridad nacional, la tolerancia y el llamado “discurso gubernamental”.
Lo que estamos presenciando es el equivalente moderno a la quema de libros, que implica eliminar ideas peligrosas, legítimas o no, y a las personas que las defienden.
Más de setenta años después de que la novela de Ray Bradbury, Fahrenheit 451, describiera un mundo ficticio en el que se queman libros para reprimir las ideas disidentes y se utiliza el entretenimiento televisado para anestesiar a la población y hacer que sea fácil de apaciguar, distraer y controlar, nos encontramos navegando en una realidad inquietantemente similar.
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ACERCA DE JOHN W. WHITEHEAD
El abogado constitucionalista y autor John W. Whitehead es el fundador y presidente de The Rutherford Institute . Sus libros más recientes son el best-seller Battlefield America: The War on the American People , el galardonado A Government of Wolves: The Emerging American Police State y su primera novela de ficción distópica, The Erik Blair Diaries . Se puede contactar a Whitehead en This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Nisha Whitehead es la directora ejecutiva de The Rutherford Institute. Hay información sobre The Rutherford Institute disponible en www.rutherford.org .
FUENTE: TIERRA PURA
El FBI retocó, en secreto, los datos de robos, violaciones y asesinatos de 2022. Así lo reveló una pesquisa de RealClear Investigations (RCI), que descubrió que en vez de una caída del 2,1% en crímenes violentos, hubo un aumento del 4,5%.
En septiembre de 2023, la agencia reportó que el año anterior había cerrado con una caída de más de dos puntos en los crímenes violentos. La cifra fue usada desde entonces por la campaña demócrata como evidencia de los logros en materia de seguridad de la Administración Biden-Harris.
Un año más tarde, sin embargo, el FBI corrigió estos números. Aunque no lo anunció más que con unas escuetas palabras en un pie de página: “La tasa de delitos violentos de 2022 se ha actualizado para su inclusión en CIUS, 2023”. Aquellas despertaron las sospechas del RCI. Al descargar los nuevos datos, notaron el cambio: un aumento del 4,5% en crímenes violentos.
Tras el ajuste, los registros cuentan con 1.699 más asesinatos, 33.459 más robos, 7.780 más violaciones y 37.091 más agresiones con agravantes. En total: 80.029 delitos violentos que habían quedado bajo la alfombra.
El analista John R. Lott Jr, autor del estudio, sostuvo que sus hallazgos plantean cuestiones sobre las metodologías de recopilación de datos, pero remarcó que nada parece justificar estos incrementos “dramáticos”. El mejor ejemplo, explicó, son los asesinatos. A pesar de ser un crimen del que suele haber un registro confiable, porque la mayoría se reportan, “los datos revisados para 2021 y 2022 muestran un aumento neto de 1.699 asesinatos”, sostuvo. “¿Cómo se les escapan 1.699 asesinatos?”.
‘Trump tenía razón’
“El presidente Trump tiene razón… otra vez”, reaccionó la campaña republicana en un comunicado. “Los demócratas siguen mintiendo cuando afirman que el crimen está bajo control con Kamala Harris”, señalaron antes de apuntar que, de ocupar el Salón Oval, “su agenda para desfinanciar a la policía” resultaría en cifras peores.
Desde el American PAC de Elon Musk se hicieron eco de la noticia asegurando que “demócratas y los medios tradicionales” pretenden “dar la ilusión de que las ciudades son seguras, pero ahora sabemos la verdad”.
Usuarios en redes sociales recordaron que cuando Trump dijo en el debate presidencial que “el crimen subió” y estaba “por las nubes”, el moderador David Muir salió a desacreditarlo usando las cifras viejas del FBI: “Presidente Trump, como usted sabe, el FBI dice que el crimen violento en general está bajando en este país”. El republicano respondió que esos datos eran fraudulentos.
Una nueva estocada a la credibilidad del FBI
La revelación puede asestar un nuevo golpe a la imagen de una agencia en horas bajas. Una reciente encuesta de Gallup reveló que la mayoría de los americanos desaprueban su desempeño: un 30% lo describen como “pobre” y un 25% como “sólo regular”.
Además, la brecha partidista es notable: mientras que sólo un 23% de los votantes republicanos o independientes que tienden republicano opinaron favorablemente sobre la agencia, un 64% de los demócratas respondió lo mismo. Con 41 puntos entre uno y otro es la segunda grieta partidaria más grande después de la de los CDC, con 46.
“Los enormes cambios en 2021 y 2022, especialmente sin una explicación, hacen difícil confiar en los datos del FBI”, opinó Carl Moody, especialista en el estudio de la delincuencia del College of William & Mary, en palabras recogidas por RealClear Investigation. Detalló, además, que de 2016 a 2020 “hubo pequeños cambios de menos de un punto porcentual”, mientras que de 2004 a 2015 ni siquiera hubo revisiones.
John R. Lott Jr, autor de la investigación, sintetizó esta desconfianza entre signos de pregunta: “¿Deberíamos creer en las cifras del FBI para 2023?”.
FUENTE: TIERRA PURA
Kamala Harris finalmente habló con Fox News. Había mucha expectativa detrás de la entrevista y la citada cadena la publicó en la tarde del miércoles. Bret Baier la presionó sobre algunos temas en los que todavía la demócrata no se había expresado mucho, como la frontera sur, su plan económico y su versión del declive cognitivo del presidente Joe Biden.
El diálogo de la candidata demócrata con Fox News resaltó por el tira y afloje con Baier en muchas de las preguntas, como así también por la capacidad de Harris para eludirlas.
Harris y la frontera sur
La entrevista comenzó con la frontera sur. El periodista le consultó a la vicepresidente si tenía un número estimado sobre la cantidad de inmigrantes ilegales que ingresaron al país desde enero del 2021. Harris reconoció que la inmigración es uno de los temas más importantes de la campaña y aseguró que el sistema migratorio está “roto”.
Ante la no respuesta, Baier insistió y le preguntó si se arrepentía de revertir las políticas migratorias de Donald Trump, como la política de ‘Remain in Mexico’. “El primer proyecto de ley que enviamos al Congreso fue para arreglar nuestro sistema migratorio”, en referencia a la Ley de Ciudadanía Estadounidense de 2021, la cual no logró llegar al escritorio del presidente a pesar de contar con ambas cámaras del Congreso.
Acto seguido, la demócrata disparó contra Donald Trump y contra los republicanos por negarse a apoyar la legislación que la Casa Blanca negoció con el senador James Lankford (R-OK). En concreto, los acusó de “jugar juegos políticos” antes de las elecciones. De acuerdo con Baier, la legislación tenía como objetivo legalizar a 1,8 millones de inmigrantes ilegales.
A su vez, dijo que el sistema migratorio lleva muchos años “roto”, incluso antes de que Trump llegara a la Casa Blanca. “Seamos todos sinceros, no me enorgullece decir que este es un sistema de inmigración perfecto. Hay que arreglarlo”, sumó. Baier le recordó que, durante los últimos años, había asegurado varias veces que la frontera sur era “segura”.
La no disculpa a las familias de Jocelyn Nungaray, Rachel Morin y Laken Riley
Baier mencionó también los casos de tres mujeres jóvenes, Jocelyn Nungaray, Rachel Morin y Laken Riley, quienes fueron asesinadas por inmigrantes ilegales. Incluso Bill Clinton se refirió recientemente al caso de Riley.
El periodista le preguntó si no le debía una disculpa a las familias. “Esos casos son trágicos, no hay duda al respecto. No puedo imaginarme el dolor que las familias de las víctimas sintieron. Eso es cierto. Pero también es cierto que si hubiéramos aprobado una legislación fronteriza hace nueve meses, habrían sido nueve meses con más agentes en la frontera”, respondió.
“¿Sobre qué quiere pasar la página?”
Uno de los momentos más comentados en redes sociales fue cuando el entrevistador le preguntó a la candidata demócrata por su frase de “pasar la página”. Teniendo en cuenta de que más del 70% de los estadounidenses creen que el país está yendo en una “mala dirección”, y que los últimos tres y medio estuvo en el poder junto a Biden, Baier la consultó sobre a qué se refiere con el mencionado concepto.
“Y Donald Trump se ha estado presentando a elecciones. Sabes perfectamente sobre lo que estoy hablando”, respondió Harris.
“Mi presidencia no será una continuación de la de Joe Biden”
Harris recientemente pasó por ‘The View’, donde aseguró que no hubiese hecho “nada diferente” a lo que hizo Biden en estos últimos 4 años.
Al ser consultada al respecto, cambió de posición y afirmó lo siguiente: “Seré muy clara: mi presidencia no será una continuación de la presidencia de Joe Biden“.
Por ejemplo, pareció disparar un sutil dardo contra el presidente, alegando que ella no había pasado “la mayoría de su carrera en Washington DC”. Añadió también que le gusta nutrirse de ideas republicanas y que representa una nueva generación de líderes.
El declive cognitivo de Joe Biden
El periodista le preguntó también sobre el estado de salud del presidente Biden, particularmente sobre cuándo había empezado a notar su declive cognitivo.
“Joe Biden no está en la boleta”, Donald Trump lo está”, respondió Harris, quien posteriormente aseguró que el republicano es “inestable” y que quiere poner a los militares en contra de los ciudadanos de los Estados Unidos. Posteriormente Harris subió el tono y se mostró visiblemente enojada por las preguntas de Baier.
Las revelaciones de Baier después de la entrevista
Una vez finalizada la entrevista, Baier brindó algunos detalles sobre la logística y sobre lo que ocurría detrás de cámara.
“Se suponía que íbamos a empezar a las 5 de la tarde y esta fue la hora que nos dieron. Al principio íbamos a hacer 25 o 30 minutos… vinieron y dijeron que quizá 20. La vicepresidente llegó sobre las 17:15. Íbamos al límite”, reveló.
Por último, señaló que, hacia el final, había unas cuantas personas detrás de cámara pidiendo que se termine la entrevista. “Estoy hablando, como cuatro personas, agitando sus manos como, «¡Esto tiene que parar!”, sentenció.
FUENTE: TIERRA PURA